Una
cruel asignatura pendiente
La ciudad está llena
de espacios vacíos, así sea
por trazas de autopistas no realizadas,
por gente que volvió a sus pagos
descuidando propiedades que en su momento
tenían un bajo valor comparando con
su actual residencia o por lo que fuere.
Los orígenes son varios y diversos.
Las
necesidades de espacios también.
Está la necesidad imperiosa de un
techo para vivir. Y tal vez techo, o tierra,
para laburar y gestar otras formas de vida
e incluso de subsistencia.
En una
ciudad sin política real de estado
para la vivienda, enterarse que hay espacios
vacíos por especulación inmobiliaria,
mientras mucha gente no tiene hogar, es
una de las grandes contradicciones que demuestran
que en la democracia lamentablemente no
gobierna el pueblo, sino el dinero. Como
consideramos al sujeto prioritario, y en
esa línea el objeto debe servir para
mejorar la calidad de vida, estamos de acuerdo
con los grafitis callejeros, que tenemos
visto, por el Abasto: “Ni casas sin
gente, ni gente sin casas”. De hecho
en Europa el movimiento scuater marca otro
paradigma de pensamiento que no habría
que desechar tan a la ligera. De todos modos,
acá hay leyes, como el derecho por
usucapión. Consideramos que, respetando
la Constitución de la Ciudad, el
gobierno porteño debe intervenir
activamente para que los habitantes tengan
una vivienda digna. En esta línea
de pensamiento nos parece coherente préstamos
accesibles para la refacción y/o
reconstrucción. En ciertos casos,
como podría ser un asentamiento,
tal vez se podría pensar en una construcción
con mayor capacidad de viviendas, y, de
corresponder, un resarcimiento al propietario
legal desde el gobierno contrayendo ahí
una deuda los moradores, algo así
como se hizo en varios casos de empresas
recuperadas. O sea, legalizar la situación
mediante una posibilidad coherente y dentro
de las posibilidades de sus habitantes.
Esto obviamente requiere de un diálogo
con los vecinos por parte de las autoridades,
cuestión que no caracteriza a esta
gestión. Mejoraría las condiciones
sanitarias y de seguridad para la gente,
más allá de que levantaría
el aspecto estético.
Que quede
claro que esto no implica que el gobierno
no ayude con planes reales a todo el sector
de trabajadores que alquilan -y a los que
jamás se les cruzaría por
la cabeza ocupar una vivienda- a acceder
a la vivienda propia. Todo lo contrario,
una buena política de vivienda no
puede solamente quedarse con algunos casos
extremos, sino apuntar a que todo el mundo,
y qué más lógico que
lo hagan quienes trabajan, accedan a una
vivienda. Si el mercado se satura y la demanda
baja, bajarían también los
precios, incluso de los locales comerciales
que, en ocasiones, ¡cuesta más
el alquiler que lo que le queda al dueño
del emprendimiento!
Y ante condiciones
de vivienda de miseria, la solución
no puede ser echar a la gente. Si el estado
interviene “recuperando” sus
-en realidad, nuestros- inmuebles/tierras
deberá también cumplir, insistimos,
con la propia Constitución que sostiene
que todo habitante tiene derecho a una vivienda
digna.
Rafael Sabini
[email protected]
Revista El Abasto, n°
110, junio, 2009.
