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¿Seguridad para quién?

Ante la lectura de pedidos de seguridad por parte de la población, más sus ganas locas de manejar patotas armadas, el gobierno porteño sale en octubre con su propia fuerza de violencia monopolizada y equipada con la última tecnología.
Desde hace un tiempo hay una fuerte reacción en contra del jefe de esa nueva Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios. La legalidad es como sostiene el legislador PRO, presidente de la Comisión de Presupuesto, Álvaro González, quien al respecto respalda “la potestad del jefe de Gobierno de designar al jefe de la Policía”. Menos mal, estamos en un estado de derecho y la ciudadanía tiene posibilidades de imponer algunos cambios. Veamos quién es Palacios…
   Las acusaciones contra Palacios son serias. Hay quienes sostienen, como la diputada Liliana Parada, que como policía estuvo “imputado por encubrimiento del atentado a la AMIA”. Eso a los familiares de las víctimas del impune atentado a la AMIA les molesta, y diría que mucho, pero, cosa rara, la DAIA lo abraza, “confiados” en la versión iraní. Las malas lenguas (léase blog anti Palacios, varios legisladores más y múltiples medios) también sostienen que reprimió el 20 de diciembre de 2001 en defensa del estado de sitio que el entonces presidente, Fernando de la Rúa impusiera. Según Parada, también fue asesor de la Policía neuquina que fusiló a Carlos Fuentealba y “además fue dado de baja de la (Policía) Federal por su relación con la banda que secuestró y mató a Axel Blumberg". El padre de la víctima, revolucionario de extrema derecha, calla al respecto. Palacios a su vez es autor de un libro que avala la represión y el terrorismo de estado.
    En fin. Sabemos de qué lado está. Y sabemos en qué país estamos.
    El primero de octubre la Policía Metropolitana, que actuará en coordinación con la Federal, tendrá sus primeros 850 efectivos “con experiencia”, 50 patrulleros, 50 móviles de investigaciones y 35 motos, todo material de última tecnología para “combatir el delito”. Esperemos que estén al “servicio de la comunidad” y no como históricamente tantas veces viene pasando, “al servicio de…” quién sabe quien.
   Por otro lado cabe agregar algunas connotaciones a la palabra seguridad, donde pareciera en el léxico de los medios de desinformación masiva, significar algo así como “más policías que combaten el delito”. Se olvida, no sólo la triste historia que, diría, se opone a este planteo, sino también otras lecturas de la misma palabra donde el estado sí o sí debería intervenir. Me refiero a la inseguridad económica que sufrimos a diario y que nos mantiene entre ahogos y palpitaciones por riesgo de no llegar a fin de mes o porque la factura de gas se recontraengrosa. También da inseguridad dejar a chicos en una escuela donde el gas no funciona, o cruzar la calle donde nadie te respeta. ¿Y qué más inseguro que vivir sin un techo y sin posibilidades de conseguirlo mediante el trabajo? Cuanto más tajantes sean las diferencias económicas mayor será la inseguirdad... para todos.

Rafael Sabini
[email protected]

Revista El Abasto, n° 112, agosto, 2009.




 

 

 

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