Modelo conocido
Unos 200 uniformados rodean
una parte de un hospital neuropsiquiátrico
mientras una aplanadora le pasa por encima
a una construcción donde los internados
realizaban sus talleres de oficios. Se
trata de un espacio en litigio, protegido
por un amparo de la justicia. Los de la
aplanadora pretenden hacer ahí
un centro cívico. Los internados
reaccionan ante semejante atropello, junto
con los médicos, enfermeras y otros
trabajadores. Pronto llega la prensa y
algunos legisladores de la oposición.
No se logra ningún diálogo,
crecen los insultos, forcejeos y gritos.
Pronto se desata una terrible represión
en una batalla campal que incluye pedradas
y claro: balas de goma, gas lacrimógeno
y bastonazos por doquier. El resultado:
50 heridos de bala de goma y 8 detenidos.
Esta terrible
represión, dentro del predio del
Hospital Borda, conmovió a toda
la sociedad. Cualquier persona sensible
queda conmovida, más considerando
la historia de este país, sabe
que el exceso de violencia desde el estado
es un mal síntoma, ante el que
se dijo hace años: “¡NUNCA
MÁS!”. Esta vez no duele
solo el hecho en sí, sino que -como
dedo en la llaga- hiere en lo más
íntimo de cada ser con sentido
democrático la defensa irracional
que los distintos personajes del poder
ejecutivo porteño hicieron, justificando
su accionar. Lograron que caiga la máscara
de una `democracia funcional y justa`
dejando traslucir intereses inmobiliarios
y una insensibilidad social inmensa.
Gran parte de la Legislatura
pide a las autoridades del ejecutivo porteño
que “expliquen acerca del operativo
que ejecutó la demolición
del Taller Protegido N°19, y del accionar
de la Policía en ese marco”.
Según
la legisladora María Rachid
(FPV) -una de las víctimas
de las agresiones- “la Metropolitana
ingresó sin orden judicial y demolió
el edificio del taller protegido. Y no
sólo demolieron el taller sino
que avanzaron contra los trabajadores/as,
personal del hospital, médicos
y pacientes, que son los/as más
perjudicados/as en todo esto. Lo evidente
aquí es que, ante el reclamo de
trabajadores y trabajadoras, la respuesta
fue la represión con balas de goma
y gas pimienta, dejando un saldo de decenas
de heridos y detenidos. El accionar de
la Policía Metropolitana fue desmedido
y desproporcionado. Están tan desesperados
por avanzar con sus negocios inmobiliarios
que no les importa nada”.
Para la legisladora
García Tuñón
(B.A. para Todos): “Nos mueve
algo más que una medida cautelar
no respetada, nos mueve defender el derecho
de la población más vulnerable,
la que está internada por padecimientos
psíquicos pero también por
su pobreza”.
La diputada nacional
María América González
(Solidaridad e Igualdad), tras
las explicaciones de Daniel Chaín,
pidió que éste presente
su renuncia, lo que hizo extensivo al
ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro
y el Procurador General de la Ciudad de
Buenos Aires, Julio Conte Grand, por incumplimiento
de los deberes de los funcionarios públicos.
También
para la Defensora del Pueblo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Alicia
Pierini, la Policía Metropolitana
hizo “un uso irracional y desproporcionado
de la fuerza en la represión en
el predio del Borda”. Sostiene
que el accionar policial configura un
caso de “evidente gravedad institucional.
Al reconstruir el hecho se constató
que el operativo fue dispuesto de madrugada,
sin aviso previo a las autoridades del
hospital, con conocimiento de que habría
conflicto y sin que se haya adoptado ninguna
medida de resguardo de los pacientes o
profesionales del hospital.”
La Defensoría considera inadmisible
el argumento de que la policía
“se defendió de los violentos”,
señalando que la responsabilidad
en el uso de la fuerza que corresponde
al Estado no puede equipararse al que
pudiera provocar un grupo de manifestantes.
Desde las organizaciones
Pan del Borda, Cooperanza, Frente
de Artistas del Borda y La Colifata junto
a legisladores vienen trabajando sobre
la confección de una Ley de Prohibición
de Construcción del Centro Cívico
en terrenos del Hospital Borda, así
como en el resto de los neuropsiquiátricos
que lindan la zona. Entre otras cosas
piden “juicio político
al jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio
Macri; a la ministra de Salud, Graciela
Reybaud; al ministro de Seguridad, Guillermo
Monte-negro; y al ministro de Desarrollo
Urbano, Daniel Chaín”.
Si tenemos en cuenta que
la violencia institucional que la Policía
Metropolitana ejerció en el Borda
se usó hace unos años en
el Indoamericano, hace poco tiempo en
el Parque Centenario (con tiros de goma
también a periodistas) y hace unas
semanas en la Sala Alberdi (que incluyó,
encima, balas de plomo a periodistas)
y, con la sociedad aún sensible
por lo del Borda, se volvió a ejercer
nuevamente en contra de vendedores en
Retiro, entendemos que estos hechos
repetitivos nos hablan de un modelo.
Si a su vez tenemos en cuenta el origen
de la Metropolitana con Jorge `Fino´
Palacios y Ciro James y la metodología
de no negociar, no dialogar y luego de
ir duro, incluso en contra de la prensa,
podríamos aseverar que es ya algo
sistemático. No
se quiere que el periodismo registre hechos.
Y se pretende asustar a la sociedad para
que no proteste siquiera pacíficamente.
Ha transcendido que agentes de la Metropolitana
han sido enviados a estudiar a la Academia
Internacional para el Cumplimiento de
la Ley en El Salvador, una escuela financiada
y dirigida por el gobierno de Estados
Unidos. Esa escuela es considerada por
organismos de Derechos Humanos internacionales
como una nueva Escuela de las
Américas, instituto símbolo
del terrorismo de estado en Latinoamérica.
Un modelo que
lamentablemente ya conocemos...
Rafael Sabini
[email protected]
El legislador Rafael
Gentili (Proyecto Sur) puntualizó
vía tweets 10 faltas protocolares
en el operativo de la Policía Metropolitana:
“1. En caso de efectuar disparos
SIEMPRE deben realizarse a distancia prudencial
(50 metros). 2. En caso de efectuar disparos
SIEMPRE deben ser hacia el suelo. 3. Identificación
de un funcionario público responsable
de las acciones vinculadas con el operativo.
4. Proceso progresivo de intervención
que contemple el diálogo y canalización
de la demanda. 5. Prohibición clara
de portación de armas de fuego
para el personal policial afectado. 6
Identificación CLARA de todo el
personal. 7. Prohibición de usar
armas de fuego para amenazar manifestantes
(no apuntar). 8. Distancia prudente del
personal respecto de la manifestación.
9. Protección de DDHH para personas
con capacidades diferentes, asegurar todas
las medidas para garantizar seguridad.
10. Respeto y protección de la
actividad periodística QUEDANDO
PROHIBIDA la detención de quien
la ejerce”.
