Justicia
por el incendio de Barracas
El 5 de febrero
se incendió y luego se derrumbaron
las cuatro paredes de un depósito
bancario en Azara 1245 en el barrio porteño
de Barracas donde murieron diez personas
entre bomberos y rescatistas, mientras
que otras siete resultaron gravemente
heridas. Las víctimas murieron
al intentar apagar el fuego, sorprendidas
por el modo en que las paredes se derrumbaron,
al caer hacia el lado opuesto de lo que
sucede normalmente. Eso ya de por sí
es al menos extraño...
El depósito
de papeles es de la empresa Iron Mountain.
Al entrar al portal de dicha empresa lo
primero que anuncia es que ofrecen “servicios
integrales de gestión de archivos,
protección de datos y destrucción
de la información”. Repito:
“destrucción de información”.
Su historia muestra que reiteradamente
se han incendiado sus depósitos
en otros países como Estados Unidos,
el Reino Unido, Canadá e Italia.
La justica está
analizando si hay intencionalidad en el
hecho. Y las pericias apuntan a que el
incendio comenzó con múltiples
focos iniciales. A eso hay que agregarle
que no se activaron correctamente los
aparatos de protección contra incendios.
Como corolario de garquismo cabe destacar
que la empresa tuvo entre sus accionistas
a Paul Singer, director del fondo buitre
que accionó contra la Argentina
y logró la retención temporal
de la Fragata Libertad en los puertos
de Ghana...
Iron Mountain
había sido premiada en 2009 por
el jefe de gobierno porteño, Mauricio
Macri, por ser una de las tres primeras
firmas en el Registro de Empresas TIC
para el Distrito Tecnológico de
la Ciudad de Buenos Aires. A partir de
la inclusión en el mencionado distrito
de Parque Patricios esta empresa ha sido
beneficiada con exenciones impositivas
que, según dijo Eduardo Epszteyn,
auditor general de la Ciudad de Buenos
Aires a Infojus Noticias: “superan
los 6 millones de pesos, como consecuencia
de no tener que pagar Ingresos Brutos
ni ABL”. Y agregó: “Es
una empresa que ha sido contratista del
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
por lo menos en dos oportunidades”.
Las vidas de la
gente que falleció al intentar
apagar el fuego no volverá. Hablamos
de: Damián Veliz, Eduardo Conesa,
Maximiliano Martínez, Anahí
Garnica (¡la primera mujer bombero
en Argentina!) y Juan Matías Monticelli,
del Cuartel I de Bomberos de la Policía
Federal; Leonardo Arturo Day, jefe de
Departamento Zona I de la Superintendencia
Federal Bomberos de la Policía
Federal; Sebastián Campo, de Vuelta
de Rocha, José Luis Méndez,
del cuartel de Villa Domínico,
y Pedro Baricola, de la Dirección
General de Defensa Civil de la Ciudad
de Buenos Aires. La última víctima
Facundo Ambrosi, bombero voluntario de
La Boca, agonizó durante doce días
hasta su falleciendo. Las familias destrozadas
por esas partidas deberán soportar
esa pérdida.
De probarse culpabilidad no solamente
corresponde que Iron Mountain indemnice
a sus familias y que se castigue a los
responsables, sino que además dejen
de funcionar en este país. De ser
eso último legalmente imposible:
¡que les quiten los beneficios impositivos
y que los controlen más que a nadie!
Caso contrario el responsable termina
siendo el estado. Y las víctimas,
directa o indirectamente todos nosotros.
Rafael
Sabini
[email protected]
