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Agronegocios o salud

Ley de Semillas,
Nueva Ley de Semillas,
Novísima ley de...

Hay una cuestión en la que el gobierno nacional anterior, el del período K, y el actual gobierno, que podríamos calificar como del período M, tienen mucho más en común que en oposición; es la apuesta por la mal llamada agricultura inteligente basada en ingeniería genética (que por razones de Public Relations se denomina biotecnología), que se caracteriza por una enorme homogeneización de cultivos y tratamientos, que abarata los costos empresariales (aunque está abierta la espinosa cuestión de los costos sociales, ambientales, sanitarios y culturales de este tipo de producción agraria que ha disparado una verdadera contrarrevolución agraria, eliminando campesinos y pequeños productores y concentrando la explotación de la tierra cada vez en menos manos).
    Desde ese punto de vista no deja de ser altamente significativo que los gobiernos de Cristina Fernández y de Mauricio Macri hayan tenido un mismo ministro de Ciencia y Técnica, precisamente; Lino Barañao, el científico que equiparó glifosato y sal común de mesa.
   La Ley de Semillas (en adelante LdS) es una ya vieja aspiración de Monsanto, ahora Bayer, y otras empresas de fabricación de semillas transgénicas (como Syngenta) para erradicar la modalidad campesina tradicional de plantar las semillas que el propio campesino o productor agrario selecciona en sus propias cosechas.
    Esa “costumbre” estrecha la posibilidad de reposición de semillas desde los laboratorios y por lo tanto estrecha sus márgenes de venta y por consiguientesus beneficios.
    El argumento de los grandes laboratorios “biotecnológicos” es que se ofrecen para sostener la calidad de los productos que, patentados, merecen una protección legal para evitar la piratería en este caso encarnada en campesinos “atesoradores”. Sostienen que sin reconocerles los esfuerzos de investigación, es la ciencia o el complejo tecnocientífico el perjudicado.
    Eso es así; lo que no explican es que esa investigación se hace para adueñarse de más y más espacios rurales y que ese adueñamiento es para beneficio del mundo empresario y no ciertamente para otros “actores” del mundo rural; la biodiversidad seriamente afectada y contaminada, la afectación de la salud de los pobladores rurales, la reducción o extinción de innumerables especies animales y vegetales “silvestres”, que hacían a la vida rural, como, por ejemplo, liebres, perdices, peces de río, e incluso la amenaza sobre especies cuidadas por la humanidad desde tiempo inmemorial, como animales domésticos, abejas, etcétera.

Foto: Pablo E. Piovano

La jugada de la coexistencia de modelos:
atando dos moscas por el rabo

El gobierno ha tratado de compatibilizar el interés de las empresas del gran capital globalizado (laboratorios en primer lugar) con el de los productores rurales que han ingresadoal sistema orquestado por los primeros pero que procuran ensanchar sus propias ganancias, perjudicando los suministros tecnocientíficos. En esa puja, empero, los verdaderamente excluidos son los “actores” que mencionamos; el pueblo llano, la fauna y flora silvestre, las sociedades humanas “tradicionales”, descalificadas como “no inteligentes”.
   Hay quienes intentan crear un modus vivendi entre la agroindustria generalmente designada como agribusiness y la agricultura familiar y/o orgánica. En rigor, se trata de una medida táctica o diplomática por parte de la agroindustria que desconoce así el carácter invasivo y totalizador de su proyecto.     La vicepresidenta Gabriela Michetti ha proclamado 'los objetivos comunes' de “grandes actores” y “pequeños productores”, como si no se registrara en la realidad una continua transferencia de poder (financiero, tecnológico) hacia los “grandes actores” y una contaminación cada vez más generalizada que afecta particularmente a los “pequeños productores”. No sabemos si este tipo de planteos proviene de mera ignorancia o que, conociendo la realidad, se prefiere engalanarla con “aires de coexistencia” difícilmente aplicables puesto que la contaminación química que viabiliza la “agricultura inteligente” no es limitable, al presentarse y desplazarse en el agua, en el aire. Lo expresó claramente el GRR (en tiempos del gobierno populista): “Desde el gobierno nacional y las corporaciones se ha lanzado la propuesta de integrar a los agronegocios, la pequeña agricultura territorializada (campesinos, indígenas, huerteros, minifundistas y otros pobladores del campo, sosteniendo […] que ambos modelos […] podrían coexistir o convivir frente a las reglas del mercado.” Falta ante esta línea de pretendida coincidencia o encuentro tener en cuenta que los proyectos de ley en danza provienen de los emporios agroindustriales y sus diseñadores, los laboratorios transnacionales.
   Una propuesta en danza es repartir “el botín”: que por 3 años el productor se vea precisado a reconocer los derechos de cobro de los laboratorios y que a partir de la cuarta cosecha, quede todo el ingreso para el productor.

La agricultura “inteligente” se basa en el glifosato
Durante muchos años diversos pobladores y trabajadores del campo denunciaron el auge de enfermedades producidas por el sistema hipermoderno de producción con uso ingente de agrotóxicos. Remito al lector a mi nota de El Abasto, no 195, “Ciencia vs. comercio en la OMS” donde repasamos la demora de la OMS en establecer la toxicidad del glifosato y la premura para restablecer su presunta inocuidad, a través de una significativa organización, Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas (JMPR, por su sigla en inglés). Esta última resolución es de setiembre del presente año. Y bien: acaba de presentarse una demanda judicial contra su presidente y su vicepresidente, Alan Boobis y Angelo Moretto respectivamente, por haber recibido –es la acusación- más de un millón de dólares de la red empresaria del agribusiness, concretamente de ILSI, el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, el escudo institucional ”sin fines de lucro” que ha empleado Monsanto prácticamente desde que invadió el mercado con productos transgénicos en los '90 (con lo cual “cierra” perfectamente el juicio sobre la JMPR con su peculiar integración, que denunciáramos en el artículo precedente).

Foto: Pablo E. Piovano


    Darío Aranda en su nota “Ciencia adicta: las operaciones de la Corporación Transgénica” agrega algo más que muestra la escasa preocupación por los efectos tóxicos en juego con el estilo Monsanto (Syngenta, Bayer, etcétera): “JMPR solo se refirió al riesgo del glifosato a través de la dieta: no evaluó la ingesta vía respiratoria o contacto en la piel, en el ambiente, por las fumigaciones.” Y, por supuesto, para rematar nos recuerda que JMPR “utilizó expedientes de las empresas que no están disponibles para los ciudadanos, organizaciones sociales ni para científicos” (ibíd.) Ciencia privada, en suma. Si puede llamarse ciencia.
    A tal punto están en discusión las voceadas bondades de las semillas transgénicas que el año pasado “más de 300 científicos de todo el mundo firmaron una publicación en la que precisan que no hay consenso científico sobre la inocuidad de los transgénicos.” Otra vez. Porque no es la primera vez. La Red de Médicos de Pueblos Fumigados (¡ver!) lo viene advirtiendo desde hace por lo menos seis años.

¿Es que hay dos ciencias?
Hoy se enfrenta una ciencia dirigida desde los consorcios de alta tecnología y una ciencia que procura rastrear la realidad y las consecuencias de los diversos actos de “avanzada tecnológica” que aparecen cada vez más divorciados de la salud planetaria. La LdS enfrenta esas dos visiones del mundo rural: la “inteligente” o de alta tecnología parece indiferente al daño ambiental que produce, e igualmente al daño social que resulta de la contrarrevolución agraria que hemos señalado; la otra, la del campesinado tradicional, tampoco ha sido particularmente atenta a la problemática ambiental, pero el castigo sobre sus producciones ha sido tan considerable que, convertidos en el polo débil de la confrontación, se van dando cuenta de la importancia de la calidad en los cultivos, en los alimentos, en el ambiente. La calidad no resulta aquí un avance o un desarrollo de la cantidad sino su opuesto.
    Una LdS proclive a la agroindustria traerá consigo el desarrollo del gran capital financiero mundializado que invierte cada vez más en “la nueva frontera agrícola”, considerada “más segura” para los capitales especulativos.
    Las resistencias de los despojados y desplazados en países como Argentina o Uruguay en que son minoritarios, resultan igualmente cada vez más significativos. En otros países y latitudes, como en los países sur- y centroamericanos; México, Paraguay, Colombia, o en India, BanglaDesh, Irak, diezmados por la invasión de las transnacionales agroindustriales, la resistencia tiene un peso aun mayor.
   Y de poco sirve que las empresas contaminantes luzcan páginas en internet o en los medios de incomunicación de masas muy, pero muy “verdes”.

Luis E. Sabini Fernández
[email protected]


Murieron 120 novillos por agua contaminada con herbicida
Ciento veinte vacunos murieron el 14 de noviembre en un campo de Ingeniero Luiggi luego de tomar agua contaminada con herbicida, según Diario Textual de La Pampa.
   Ocurrió cuando una fumigadora terrestre cargó agua del tanque que abastece los bebederos de los animales y allí dejó una parte de las sustancias para fumigar, lo que provocó la intoxicación del ganado.
   Este es un claro hecho de contaminación aguda. Menos perceptible son las intoxicaciones crónicas, mucho más difíciles de detectar (y más fáciles de disimular) que van matando lo que sea con cánceres, otras enfermedades y malformaciones de manera artera y desconocida.


Revista El Abasto, n° 197, noviembre 2016



 

 

 

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