San Cristóbal: la identidad del fusilado

El juez lo ocultó pero ahora se sabe el nombre del baleado en Jujuy y Carlos Calvo.
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Durante una semana estuvo agonizando en una cama del Hospital Ramos Mejía, como N.N, custodiado por efectivos de la Policía Federal, la misma fuerza a la que pertenece el suboficial que le disparó un certero tiro en la cabeza. Gracias al trabajo de los militantes de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) ahora se sabe su nombre y edad: Álvaro Nicolás Soriano, de 36 años, introduce un texto de Tomás Eliaschev publicado por Revista 23.

 

En la tarde del miércoles 21 Soriano fue baleado en la cabeza por un policía de civil, tal como reveló en exclusividad Veintitrés. Tenía las manos en alto y estaba desarmado. Sucedió sobre la avenida Jujuy, en el barrio porteño de San Cristóbal. De no haber sido por la casual presencia de militantes de organizaciones populares y de vecinos solidarios, el caso habría quedado como una legítima defensa por parte de un policía atacado por un delincuente.

 

El primer juez que tuvo a su cargo la causa, el subrogante Marcelo Conlazo Zavalía, del Juzgado Nacional Criminal de Instrucción N°4, quedó muy cuestionado. Desde la madrugada siguiente al crimen, el magistrado ya sabía quién era la víctima, ya que cotejaron sus huellas dactilares. Sin embargo no dio a conocer el dato. Ni siquiera tuvo el elemental acto humanitario de dar aviso a la familia de la situación.

 

A la 0.30 del jueves 22 un patrullero de la Bonaerense, de la comisaría 1ra. de San Fernando, se hizo presente en el hogar de la hermana de Soriano. Constataron el domicilio e informaron que Soriano había sido detenido. Nada le dijeron de su gravísimo estado de salud y mucho menos dónde se encuentra internado. Tampoco cumplieron con informar que venían de parte de un juzgado nacional.

 

La verdad se supo, de todas maneras. “Mientras en el quirófano los médicos intentaban aliviar la presión intracraneana con una nueva operación, un trabajador solidario del hospital nos contó que, desde hacía unos días, en la historia clínica figuraba un nombre. La bala entró detrás de la oreja y salió por la ceja”, informaron desde CORREPI.

 

Una hora y media después contactaron a la hermana, que no podía creer lo que le contaban. Hace tiempo que Nicolás vivía en la calle y era detenido esporádicamente. Por eso, su hermana jamás pensó que era el joven baleado en San Cristóbal.  A raíz de esto, ahora hay una querella. La Federal, la fuerza a la que pertenece el agresor, sigue participando de la investigación. 

 

“Sin los compañeros y compañeras que sostuvieron la presencia en el hospital hasta que alguien pudo susurrar un nombre, Nicolás seguiría siendo un NN y seguiría solo, situación ideal para evitar que haya una querella que moleste en tribunales y una familia organizada y en la calle. No fue un descuido ni un error de comunicación que ocultaran la información. Es una nueva muestra, concreta y directa, de que la represión es política de Estado, y la impunidad de los represores, también”, agregaron desde la organización de derechos humanos.

 

La causa pasó del juez Conlazo Zavalía a Diego Slupski del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 19. Así como el anterior juez, Slupski tampoco tiene los mejores antecedentes en lo que se refiere a la protección de los derechos humanos de las víctimas. En tres oportunidades sobreseyó a tres policías que mataron al joven Marcelo Montenegro, en 2012. Por la protección que brindó a los homicidas, el juez Slupski fue apartado de la causa. En 2014 tomó otra decisión a favor de un policía de gatillo fácil: decidió la liberación del cabo Javier Iván Almirón, de la seccional 49, acusado del homicidio de Gonzalo Marcos Crespo, de 24 años, un crimen que conmocionó al barrio de Saavedra.

 

A la lista de casos de gatillo fácil que presentamos la semana pasada en el artículo Diciembre de Violencia Policial se suman más hechos sangrientos que repiten una constante: la violencia viene por parte de los supuestos servidores de la ley. Hasta ahora, se conocen 20 casos de gatillo fácil y asesinados en situación de encierro, con el sangriento saldo de al menos 16 personas que perdieron la vida en manos de las fuerzas de seguridad, además de cinco heridos, uno de ellos en coma.

Fuente: Revista 23- Tomás Eliaschev