La sangrienta punta del
iceberg
Por una denuncia del gobierno porteño
se inició el 7 de diciembre un operativo
policial con orden judicial para desalojar
a cientos de familias que habían
tomado terrenos linderos y del Parque Indoamericano
el martes de tarde. Saldo fatal: dos muertos,
Bernardo Salgueiro y Rosemary Churapuña.
El sangriento conflicto deja entrever que
las políticas de vivienda tanto del
gobierno porteño como del nacional
no alcanzan.
Violencia policial.
En el operativo de desalojo del
parque público participaron la Policía
Federal, Gendarmería y Policía
Metropolitana. En conferencia de prensa
el 8 de noche el ministro de Justicia y
Seguridad, Julio Alak, anunció que
han sido separados de sus cargos los responsables
del operativo del martes. Además
de esa medida que involucra a la Federal,
una fuente del gobierno porteño aseguró
(según Página/12)
que el ministro de Seguridad, Guillermo
Montenegro, ordenó el secuestro de
todas las armas que llevaban ese día
los hombres de la Metropolitana. Brutalidad
hubo y quedó filmada. Sin embargo,
los voceros de ambas fuerzas insisten en
que “no hubo balas de plomo”…
Esperemos que una seria investigación
aclare esta cuestión.
Estafas. Más
allá del accionar de las fuerzas
de la violencia estatal del martes, al día
siguiente, a pesar de lo ocurrido -o tal
vez envalentonados por eso- cientos de habitantes
de la Villa 20 volvieron a ocupar los terrenos
en el Indoamericano. Muchos argumentaron
ventas truchas del terreno público.
Como fuere, y más allá de
que habría que encontrar a los estafadores
de semejantes promesas, el conflicto y la
presencia de la gente del lugar dejan entrever
el verdadero problema de fondo: que las
políticas habitacionales serias son
una asignatura pendiente.
Xenofobia. Los
medios hegemónicos dan voz a todos
los políticos con discursos derechozos
que culpan a las leyes inmigratorias porque
la mayoría de los que pretendían
parcelas en este parque eran de diferentes
países vecinos. Eso es desviar la
conversación instigando al racismo.
Este país invita en el mismísimo
preámbulo de su Constitución
a quienes quieran venir. Esta gente también
aporta con su mano de obra, y por otro lado,
¿qué importancia tiene el
origen si todos tenemos derecho a una vivienda
digna? A su vez cabe agregar lo que explicó
la diputada porteña María
Elena Naddeo, “la mayoría de
las familias ocupantes son parientes directos
de familias de las Villas 20, Piletones,
Lugano y Soldati, muy pocos vienen de otros
distritos. No son inmigrantes recientes,
tienen años de lucha y permanencia
en nuestro país y sus hijos son argentinos”.
Falta de políticas
habitacionales. No alcanza con
lo que puedan ir desarrollando ONGs como
las de las Madres de Plaza de Mayo en materia
de viviendas para cubrir la gran necesidad
inmediata que requiere la cantidad de gente
que vive en la ciudad. No alcanza con un
IVC del gobierno porteño, desmantelado
y prácticamente sin planes. Es necesario
que estado y municipio trabajen seriamente,
para desarrollar planes de vivienda logrando
así darle acceso no solo a los desocupados
sino también a los trabajadores regulares
o independientes que no acceden a los usureros
planes de los bancos. El derecho a una vivienda
es una necesidad humana de primera necesidad.
Una participación activa desde las
autoridades –más allá
de dar fuentes de trabajo en la construcción
desde el estado– frenaría el
negociado inmobiliario que impone precios
altísimos –en relación
a los ingresos– e incorpora cláusulas
sucias al momento de alquilar con subas
semestrales con porcentajes más altos
que la inflación real sólo
porque los propietarios tienen el as en
la manga: la necesidad imperante de una
vivienda.
Estos incidentes
son un llamado de atención. Es de
esperar que la clase trabajadora en su totalidad
no tenga que imponer una huelga de alquileres
en su totalidad como aquella que terminó
en un baño de sangre en 1909. Es
de esperar que lo nacional y popular se
materialice también en estas necesidades
básicas -y que figura en la Constitución
porteña- el derecho a una vivienda
digna.
R.S.
Buenos Aires, 9 de diciembre
de 2010.
