La Comisión Investigadora
expone sus conclusiones
Hoy se presentarán en la
Legislatura los dictámenes realizados
por este cuerpo especial, el cual trabajó
este año para indagar acerca de la
responsabilidad del jefe de Gobierno porteño
en el caso del espionaje ilegal. Hay uno
oficialista y uno opositor. Para su presidente,
el diputado Martín Hourest, Macri
podría ir a juicio político.
Esta tarde, a las 15,
está pautada una rueda de prensa
donde el legislador porteño Hourest
dará los argumentos opositores, según
los cuales Mauricio Macri debe enfrentar
un juicio político.
"El jefe de Gobierno,
como los funcionarios incluidos en la causa,
serían susceptibles de ser juzgados
políticamente por formar parte de
un gobierno indecente que malversó
conscientemente las instituciones y violó
deliberadamente el conjunto de consensos
plasmados en el texto de la Ley de Seguridad
Pública desde el mismo momento en
que inició el proceso de conformación
de la Policía Metropolitana",
indicó el legislador de Igualdad
Social.
En tanto, tres diputados
pedirán el juicio político
para Macri. Se trata de Gabriela Cerruti
(Nuevo Encuentro), Fabio Basteiro (Proyecto
Sur) y Marcelo Parrilli (MST- Nueva Izquierda).
"El mal desempeño
tiene tres razones centrales: haber designado
a represores para conducir la Metropolitana,
diseñarla no como una 'policía
de proximidad con los vecinos' sino como
un cuerpo de inteligencia y represivo, y
haber conformado dentro de ella un aparato
ilegal de espionaje violando garantías
democráticas elementales", argumentó
Parrilli.
Mientras tanto, la postura
oficialista carga las tintas contra la SI
(ex SIDE), tanto a sus caras más
visibles, Héctor Izcazuriaga y Francisco
Larcher, como a los demás integrantes.
El PRO desliza la versión de que
este organismo fue parte de una operación
política para desprestigiar al macrismo.
Quien también fue
señalada es la Policía Federal,
por lo que piden al Ministerio de Seguridad
de la Nación que investigue y controle
las conductas adoptadas por los agentes
de esta fuerza en relación con los
hechos investigados por la Comisión.
Además del jefe
comunal, en el escrito opositor son señalados
el ministro de Seguridad local, Guillermo
Montenegro, y el actual jefe de la Policía
Metropolitana, Eugenio Burzaco. Ambos tienen
pedido de renuncia por su accionar en el
marco de la causa por escuchas ilegales.
J.M.C.
Buenos Aires, 16 de diciembre
de 2010.
