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Estilos judiciales en el país argentino


Hace ya más de seis meses que el estado argentino mantiene preso a Roberto Martino como un verdadero preso ideológico.
    El “delito” de Martino es indudablemente de opinión. Con motivo de la visita de un jerarca de una organización judía mundial, a principios de 2009, Martino entre otros ya tuvo “problemas” judiciales. El INADI elaboró una suerte de demanda o planteo respecto de quienes acusaron al visitante de complicidad con el Estado de Israel en la limpieza étnica de “la tierra prometida” por la cual tendría dicho estado “un título de propiedad” extendido en la Biblia, algo que muchos, no sólo los citados entonces por el INADI, consideramos inadmisible. Para tal limpieza étnica o cualquier otra.
    La prisión actual proviene de un nuevo hecho; la presencia de miembros del MTR (Movimiento Teresa Rodríguez) en el acto organizado por el gobierno de Macri para conmemorar el 61o aniversario del Estado de Israel, invitando a la embajada de dicho estado.
    Con la coherencia propia de un Macri, no encontró mejor oportunidad para tal recordatoria que cuando dicho estado ejerció una acción abusiva y criminal contra natives, arrasados con disparos de armas de todo calibre, fósforo blanco, partículas cancerígenas de tungsteno, destrozo sistemático de todas las instalaciones que hacen vivible la vida; viviendas, usinas de energía o potabilizadoras, escuelas, hospitales. Es importante recordarlo porque le da “el marco” a la “judicialización de la protesta”.
   ¿Cómo semejante convocatoria ha generado la prisión de Martino, que lleva ya más de seis meses? Algo muy pero muy grave debería haber hecho puesto que años, que ya casi son décadas, no han concretado en Argentina la prisión para un delito probado de pederastia por parte de un sacerdote o exsacerdote católico, ni para resolver los escamoteos de la identidad de los adoptados (¿o apropiados?) por una empresaria del circuito mediático, que pone sobre el tapete la posibilidad de un delito para nada menor.
   Las razones aducidas desde lo judicial, sin embargo, son francamente ridículas y deleznables. Se habló de “prepotencia ideológica” y si bien la presencia de un grupete del MTR en pleno festejo macro-sionista puede haber sonado perturbador, al parecer los inoportunos no llevaban ametralladoras de sirvientes sino volantes de denuncia de la matanza de civiles en general y niños en particular que Israel se permitió ejercer (una vez más) en la Franja de Gaza. En todo caso, si había ametralladoras no era en Buenos Aires…
   Claro que se ha hablado de un nun-chako. Si existió, fue un desacierto psiquiátrico, si fue plantado es una expresión ya tradicional de un estilo policial argentino (que esperemos no sea el único). Pero si hablamos de “un nun-chako”, tampoco estamos hablando de armas de destrucción masiva; en todo caso, de una penosa competencia con la herramienta para abollar ideologías que inmortalizara Mafalda.
   Pasando de materiales hallados a textos ideológicos se adujo apoyos o reivindicaciones al PRT: habría que advertirle al juez que 30 años no suelen pasar en vano. Una cosa es el apoyo material, que se viabilizó en los ’70 y otro el apoyo simbólico que conocemos hoy en día. Una cosa es el apoyo a la lucha social, otra a la toma de las armas. Por otra parte, si se quiere ser justo y estricto con esas “declaraciones de amor”, el sistema judicial vigente tendría que investigar la multitud de organizaciones de la izquierda más o menos radicalizadas, que establecen sus raíces o sus vínculos con el setentismo subversivo o “subversivo”. Así podríamos hablar más claro, conocer los límites democráticos, si los hay. Es totalmente arbitrario hacerse “los brígidos” con una pequeña organización usada como chivo expiatorio de delitos borrosos.
También se habla de que en el allanamiento a la sede del MTR se encontraron dos armas. ¿Un mísil y un obús? No, dos armas de puño…
   Aparte de aquella tradición que ya señalamos de la policía de simplificar su “trabajo” con la campesina tarea de “plantar” aunque no precisamente árboles, la presencia real y efectiva de dos armas en una sede política -si existieron- no permite ninguna calificación de “violenta” o terrorista para dicha organización. Cae por su peso que tales armas pueden estar allí como herramientas de defensa (con criterios que se podrán compartir o no, pero habituales en la sociedad argentina).

Si el marco jurídico en el cual se ha encarcelado a Martino es gravísimo por como afecta y hace escarnio de la pretendida democracia que el sistema judicial dice defender, el marco ideológico es todavía más grave, si cabe.
   Porque el encarcelamiento de Martino no se lo puede dejar de ver unido a una usina ideológico-filosófica del estado argentino, hoy en día tripulada por el gobierno K, y que es el INADI. Una usina cuidadosamente fogoneada por los dirigentes sionistas.
   En el INADI hay director general nuevo (ahora Claudio Morgado, antes María José Lubertino). Es indudable, por las declaraciones de Lubertino, que finalmente no aceptó los criterios que se habían hecho “oficiales” a través del cuerpo de asesores de su oficina. No sabemos si ese equipo de análisis e interpretación, el think-tank de la institución, ha cambiado o se mantiene; dada la renuncia de Lubertino, habría que deducir que el think tank, en cambio, permanece.
   Dicho think-tank consideraba delito de antisemitismo toda crítica tanto al racismo constituyente del Estado de Israel como al corpus ideológico del sionismo que vertebra a dicho estado. Esto, que puede sonar insensato y hasta ridículo -basta ver la cantidad de judíos que se desmarcan del estado israelí o que incluso lo condenan enérgicamente como es el caso de las redes de judíos antisionistas-, ha sido el pan ideológico de cada día del INADI-K.
   El clima ligeramente persecutorio a las agrupaciones de izquierda radicalizadas, unido a la concepción “madre” del INADI de condena previa a toda crítica a la actuación israelí, se han ligado con la presión indudable del sionismo organizado que cuenta con el apoyo de sus bases locales, que son en general las direcciones de las principales organizaciones de la comunidad judía argentina -totalmente identificadas con el proyecto colonial israelí-. La confluencia de estos tres factores parecen estar en la raíz de semejante arbitrariedad y lesión manifiesta de derechos políticos básicos, como ha sido el encarcelamiento de un “objetor ideológico” como Martino. Es la “cabeza” elegida con la pretensión de que rinda como ejemplarizante.
   El mismo Martino cita al embajador-meterete en asuntos internos argentinos, Daniel Gazit, y al vicepresidente de la AMIA, Ángel Barman: “han reclamado a nuestro gobierno que ‘erradique’ (con lo que significa esta palabra en nuestro pasado reciente) a quienes levantemos la voz contra su política.” (de su alocución en sede judicial tras su aprisionamiento, en mayo 2010).
   Vale la pena tener en cuenta que la crítica al Estado de Israel no es un detalle menor, puesto que dicho estado encarna uno de los comportamientos más escandalosos de la humanidad presente, un verdadero, sostenido y sistemático etnocidio, que tendríamos que situar junto con el destrato también etnocida del gobierno marroquí a los saharauis, con el racismo militante y cerril de los wasp estadounidenses convertidos en milicianos armados contra los mexicanos y otros mal llamados “hispanos” en el sur de EE.UU., junto con el arrasamiento de etnias y pueblos no birmanos en Myanmar, al lado del abuso sistemático de los árabes musulmanes a las poblaciones sudanesas rurales negras, junto con el atropello imperialista y racista del eje anglonorteamericano contra Afganistán primero e Irak después, junto con el destrozo militar con que EE.UU. en particular y otras potencias blancas desgarran un país admirable aunque hoy postrado, como Haití, para mencionar apenas algunos conflictos de los más presentes.

Nos parece de enorme dignidad que Roberto Martino haya iniciado una huelga de hambre contra la prepotencia institucional, ésta sí bastante concreta, con que se lo ha tratado

Luis E. Sabini Fernández

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010.



 

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