El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires (MPD) informó que con el patrocinio de la Defensoría Nº 5 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo de Ramiro Dos Santos Freire, un grupo de trabajadores de la economía popular de origen senegalés presentaron una demanda para exigirle al Gobierno porteño que diseñe “un plan de protección integral que resguarde los derechos del colectivo migrante de trabajadores de la economía popular, en el contexto de la situación epidemiológica provocada por el coronavirus”.
El MPD expone: “La demanda exige al GCBA la adopción de una serie de medidas con el fin de garantizar la protección integral del colectivo mencionado, en relación con el acceso a la salud, la vivienda y la seguridad alimentaria, a la vez que impulsa la creación de un espacio de trabajo institucional con representantes de todas las partes para dar tratamiento a las distintas problemáticas de los trabajadores en el contexto actual”.
El dictado de la medida cautelar requerida tiene como objetivo combatir las consecuencias económicas que sufren los individuos del colectivo migrante, que en gran medida subsisten mediante el trabajo informal y que ya no pueden desarrollar su actividad de venta callejera.
La Secretaría Letrada de Economía Popular del MPD colaboró en esta presentación con un informe “que comprueba el estado de vulnerabilidad crítica que el sector venía atravesando y que ahora se ve agravado por las disposiciones en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
El MDP suma: “Asimismo, las personas migrantes se encuentran en su gran mayoría excluidas de la ayuda social prevista por el estado nacional o por el GCBA, tales como salario complementario o asistencia económica, por las complicaciones para regularizar su situación de residencia u obtener la nacionalidad”.
“En lo que se refiere específicamente el conjunto de trabajadores migrantes y sus familias, se encuentran en una situación de marginalidad extrema y sin la debida asistencia pública en el marco de la Constitución y de los pactos de derechos humanos vigentes. Entre otras cuestiones, las barreras lingüísticas, la imposibilidad de acceder a trabajos formales, a la vivienda, al sistema de salud y a la documentación apropiada, generan un círculo vicioso que les impide desarrollar el derecho a la vida”.
J.C.
Foto: VAIO
