A principios de este mes la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado –que sabiamente se tomará un poco de tiempo para evaluar con la profundidad que el caso merece- un proyecto de ley que le otorga al Poder Ejecutivo las facultades para avanzar con la compra de la vacuna contra el Coronavirus protegiendo jurídicamente a los laboratorios ante eventuales juicios y dejando a la gente en la ignorancia de lo que se inyectará.
El proyecto de ley para la vacuna transgénica fue reclamado con urgencia por el Ministerio de Salud que dicho sea entre paréntesis este mismo mes aprobó la primera cepa de trigo transgénico.
El objetivo de la aprobación en Diputados tiene la intención habilitar que los futuros contratos entre el Estado nacional y la industria farmacéutica incluyan una serie de cláusulas nuevas que la protegen.
Por un lado son cláusulas de “prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero”, en otras palabras, de haber inconveniente en la vacuna que a usted le podrían inyectar acá si algo saliera mal y quiere hacer juicio se deberá hacerlo en el país de origen del primer laboratorio.
Por ejemplo, en el caso de la vacuna de “Oxford” que hizo convenio con el gobierno nacional y que desarrolla AstraZeneca el juicio deberá hacerse en Suecia o Inglaterra aunque la vacuna finalmente la fabrique un laboratorio nacional (mAbxience) cuyo CEO es el empresario de los transgénicos Hugo Sigman.
En caso de ir a hacer un juicio al laboratorio de origen también figuran cláusulas de indemnidad patrimonial, en otras palabras, costará que se hagan cargo.
Y lo más grave, y como si fuera poco, votaron cláusulas de confidencialidad lo cual quiere decir que Ud. al ser vacunado ¡no será informado de qué le inyectan!
“Las indemnizaciones van a tener que ser asumidas por la industria y por nosotros como compradores”, reconoció el presidente de la Comisión de Salud, el diputado oficialista Pablo Yedlin. Y sostuvo que “Esta no es una ley más, estamos aquí con una enorme responsabilidad. Sabemos que esto no es lo óptimo, pero son los requisitos que la industria farmacéutica impone. Y la responsabilidad del Ministerio de Salud es llevar adelante estas contrataciones para comprar vacunas en un mercado escaso (sic). Pero, más allá de la emergencia, que quede claro que la Argentina sólo va a aplicar las vacunas que estén autorizadas por el Ministerio de Salud y evaluadas y registradas por el Anmat”.
Sabemos que lo que diga la OMS -cuyos mayores aportantes son los laboratorios- es lo que repite la Anmat.
La iniciativa contó con el apoyo de los bloques opositores, alguna excepción y la izquierda. La entrega a los laboratorios tuvo 230 votos, solo 8 votaron en contra y 11 se abstuvieron.
Vayamos con las excepciones. Mónica Frade (Coalición Cívica) dijo: “Creo que deberíamos mirar otros ejemplos de países latinoamericanos que tienen autorizado, por ejemplo, el uso de dióxido de cloro o provincias Argentinas que tienen aprobado el uso del Ibuprofeno inhalable y que con eso minimizan los efectos del virus”.
Además, Frade, dejó en vista el mamarracho que aprobaron: “Sabemos que produce el coronavirus, pero no sabemos qué produce la vacuna”.
También vale mencionar las palabras del diputado de izquierda, Nicolás del Caño: “Esta es una ley que parece escrita para beneficio de los grandes laboratorios”.
Ulises K.
Mónica Frade explica su voto en contra de la Nueva ley de Vacunas
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