El día siguiente del intento de asesinato a la actual vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la titular del Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) Victoria Donda, convocó al Consejo Federal de Políticas Públicas Antidiscriminatorias para iniciar la redacción de un proyecto de ley contra ciertos mensajes públicos con intención de que luego sea debatido en el Congreso de la Nación. El objetivo de la ley sería proponer una serie de herramientas para actuar frente a discursos que estimulen el odio e incluirá la participación de la Defensoría del Público de la Nación y otros funcionarios cuyas tareas estén vinculadas.
En un comunicado del Inadi sostienen que el intento de asesinato a la vicepresidente estaría en síntoma con “una violencia política creciente que se sustenta en discursos de odio, urge ampliar el debate democrático y con carácter federal de una iniciativa parlamentaria que busque acabar con las expresiones y acciones antidemocráticas”. Y sentencia: “Estos discursos son el semillero de acciones concretas que llegan a la violencia física extrema y hasta intentos de homicidio como el sufrido por la vicepresidenta”. “Damos un paso adelante para que el odio no sea parte de nuestra democracia Nunca Más”, cierra la convocatoria del Inadi.
Simultáneamente el youtuber El Presto, Eduardo Miguel Prestofelippo, está siendo juzgado con un castigo de un mes de arresto domiciliario -más multas y un curso obligado en el Inadi- por sus expresiones en contra de la primera dama, Fabiola Andrea Yáñez como consecuencia de la fiesta de cumpleaños que realizó en la Quinta de Olivos mientras todos estuvimos encerrados producto del decreto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Si bien sus palabras podrán haber sido duras refiriéndose al presente y pasado de Yáñez llama poderosamente la atención que fueron más penadas, con las leyes actuales, que la primera dama por no respetar el DNU de su pareja, el presidente de la Nación, Alberto Fernández que prohibía las reuniones y festejos bajo amenaza de ir preso.
Es bien sabido que con el odio solamente podemos estimular más odio. No tiene mucho de periodismo ponerse a insular o agredir. Sin embargo, ya existen leyes a las que se puede apelar en caso de excesos. ¿Suma realmente agregar otras? ¿No pondríamos en riesgo otros valores?
Recordemos que con la misma intención las redes sociales se convirtieron en grandes censores y hay verdades que se tapan y otros discursos que se aceptan. En grandes rasgos notamos que el periodismo masivo sigue yendo al unísono tras las mismas campanas, bajo diferentes consignas, pero todos en el fondo según el interés de los grandes capitales -con líderes mundiales que nadie votó en ningún lado- como mencionamos en el editorial pasado.
¿Qué lugar queda para los discursos contra hegemonónicos reales, esos que mueven los cimientos de las grandes “verdades” que sólo benefician a los más poderosos? Esperemos que no estemos desarrollando nuestra democracias hacia un mundo distópico donde la libertad de expresión pase a ser un tema del pasado, al igual que la imparcialidad e igualdad ante la ley. Dios quiera que tras tanto revuelo logremos un ambiente de mayor paz y armonía.
Rafael Sabini
