El Observatorio del Derecho a la Ciudad y el Movimiento la Ciudad Somos Quienes la Habitamos con el apoyo del Consejo Consultivo Comunal 3 (Balvanera y San Cristóbal) presentaron una acción de amparo colectivo ambiental para cuestionar la constitucionalidad del convenio urbanístico para construir una torre de 75 metros de altura con 19.455 m2 en San Juan y Alberti, en el barrio de San Cristóbal.
Los vecinos del Consultivo reclaman de forma sostenida por esta parcela y señalan que una torre de este tipo en una zona residencial impactará de forma negativa en distintos aspectos, desde los servicios públicos hasta la calidad ambiental y habitacional.
También se pide “la elaboración del Estudio Diagnóstico y de la Evaluación de Impacto Final que el Plan Urbano Ambiental establece que se debe elaborar en forma previa a la firma de todo convenio urbanístico”, que haya una “instancia de participación ciudadana obligatoria a través de la convocatoria a audiencia pública que debió realizarse antes de la firma del convenio urbanístico” y que “Se ordene que se interrumpa toda obra en LA PARCELA que se base en el convenio urbanístico aprobado por la Ley N° 6477”.
Por medio de la Ley N° 6477 de 2021 se avalaron varios convenios urbanísticos en barrios como Palermo, Caballito, Belgrano y también en San Cristóbal. Son permisos para construir por encima de lo avalado en el Código Urbanístico, con un beneficio para el GCBA a cambio, ya puede ser dinero o cualquier otro tipo de bienes.
En esta Ley iba a entrar un convenio para construir una torre en Gallo y Corrientes. A último momento se retiró del temario y se adujo una cuestión de papeleo insuficiente. Hasta el momento no se retomó su discusión parlamentaria.
En el caso del edificio de San Juan y Alberti, los dueños del terreno se comprometían a entregar al Gobierno porteño la suma de 1.802.574 UVA, cerca de un millón y medio de dólares. En un comunicado, el ODC cuestionó la forma en que se implementaron los convenios urbanísticos en la Ley citada: “Estos convenios deben cumplir con el requisito de tener un nítido interés público (mejorar la calidad de vida y el ambiente urbano). Este requisito no se respeta en la Torre de la Av. San Juan y Alberti porque no genera ninguna mejora ambiental o social. El convenio fue utilizado con fines recaudatorios en detrimento de los hogares del barrio”.
Jonatan Baldiviezo, abogado patrocinante de la causa judicial, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de “El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos”, manifestó: “La política de los convenios urbanísticos está destruyendo la planificación de la Ciudad y los barrios porteños. Estamos inmersos en la desplanificación de las excepciones inmobiliarias en aras de la especulación inmobiliaria. El principal objetivo de los convenios urbanísticos es hacer caja política para las elecciones de 2023. Así se explica el oscurantismo alrededor del trámite de los convenios urbanísticos que llegó al extremo de que el GCBA niegue el acceso a las propuestas presentadas por las desarrolladoras.
J.C.
