El Servicio Paz y Justicia (Serpaj) denunció hechos de violencia institucional en el Centro de Régimen Cerrado Manuel Belgrano, ubicado en Belgrano al 2600, en el barrio de Balvanera. Según denuncian las familias de los jóvenes alojados, hubo varios heridos de gravedad.
Este dispositivo depende de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil. Allí se aloja a una veintena de jóvenes mayores de 18 años con condenas por delitos que cometieron cuando eran menores.
Trascendió que el viernes en la zona de planta baja de la institución hubo hechos de violencia originados por los jóvenes alojados y que incluso uno o dos guardias fueron amenazados con elementos punzantes.
En ese contexto, medio centenar de efectivos del Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia intervinieron y golpearon a los jóvenes, denunció el SERPAJ. Una versión indica que fue para detener los hechos de violencia y otra asegura que la golpiza ocurrió cuando todo se había calmado y fue a modo de represalia.
Por fuera, la Policía de la Ciudad se hizo presente con efectivos a pie y patrulleros. Cerraron el tránsito en las calles linderas.
La institución comunicó a las familias de los jóvenes que la situación “fue contenida por empleados de seguridad y todos, según correspondía, fueron atendidos por enfermería”.
No obstante, en base a testimonios de familias, el SERPAJ denunció que “hubo hechos de violencia donde jóvenes terminaron lastimados por las personas que están a cargo de su cuidado”. “Estos hechos aberrantes no pueden volver a suceder”, agregaron.
“Estoy al tanto desde el viernes a la noche que ocurrió el hecho. Efectivamente, hubo represión, hay chicos golpeados, chicos con contusiones de leves a graves. Pero a nuestro entender además también hay un mal manejo en general de la institución que hace que se llegue a este punto” dijo a Tiempo Marisa Graham, defensora nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por otra parte, este lunes la legisladora Celeste Fierro (Frente de Izquierda-MST) presentó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo porteño requiriendo datos oficiales sobre estos hechos de violencia.
La legisladora argumentó: “En las últimas horas y a partir de una denuncia pública realizada por la Fundación Servicio Pay y Justicia (SERPAJ), nos enteramos que el pasado 13 de septiembre, se sucedieron una serie de hechos de violencia en donde muchos adolescentes alojados en el Centros Socioeducativos de Régimen Cerrados Gral. Manuel Belgrano, terminaron seriamente lastimados por el personal que debería estar para cuidarlos. Dicho centro, dependiente de la Dirección Gral. de Responsabilidad Penal Juvenil, está ubicado en Av. Belgrano 2670, es un dispositivo que aloja a jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad mientras cumplían alguna medida dependiente de la Dirección Gral. de Responsabilidad Penal Juvenil”.
“Si bien la Dirección Gral. a cargo, oficialmente dice que uno de los objetivos de dicho Centro es brindar un espacio donde el joven pueda, con el acompañamiento de los diferentes equipos de trabajo y desde una perspectiva socioeducativa, abordar aquellas situaciones que han dado lugar a las conductas transgresoras que fundaron la aplicación de la medida penal, estableciendo los mecanismos necesarios tendientes a proporcionar condiciones conducentes a la definición de un proyecto de vida socialmente constructivo conforme a la Convención de los Derechos del Niño; está claro que hechos como los sucedidos el pasado viernes, distan mucho del cumplimiento del enunciado objetivo a la vez que demuestran la ausencia o fallas en verdaderas políticas en defensa de los DDHH y en particular, en el apoyo a las adolescencias vulneradas, víctimas de la crisis social y económica que atraviesa el país y de la que la Ciudad no es ajena”, agregó.
“Y preocupa que luego de los acontecimientos, se le haya negado el ingreso de una delegación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, ante el pedido de autorización que realizó dicho organismo para visitar el lugar el sábado 14 y que el domingo 15 se hayan suspendido las visitas de familiares. Entendiendo la gravedad de los hechos, tratando de informarnos para conocer que investigaciones, sanciones y medidas se han tomado o se están planificando para evitar que hechos como estos vuelvan a repetirse, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto”, concluyó.
J.C.
