La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires dio media sanción al ajuste del Código Urbanístico promovido por el Poder Ejecutivo porteño.
En adelante habrá una Audiencia Pública y una segunda votación (sanción definitiva).
“La diputada Paolo Michielotto, miembro informante de la comisión legislativa de Planeamiento Urbano, hizo hincapié en asegurar que antes del segundo debate serán consultadas las entidades barriales y las juntas comunales y se recibirán con atención todos los planteos y propuestas de los vecinos de la Ciudad. Esta postura fue ratificada, al final del debate, por el jefe del bloque oficialista, Dario Nieto, quien aseveró que se tomarán en cuenta todas las observaciones que planteen vecinos, organizaciones y bancadas políticas”, indica un resumen parlamentario.
“Antes del debate en el recinto, la comisión de Planeamiento Urbano hizo 6 reuniones de diputados y 5 de asesores, en la cuales se recibieron observaciones. Participaron funcionarios del Poder Ejecutivo, vecinos, organizaciones profesionales y se hicieron ajustes al proyecto original en base a demandas de los ciudadanos y propuestas de los bloques. En el debate de hoy, todos los bloques hicieron sus0 ponencias, aportes y críticas”, indican fuentes de la Legislatura.
“Se explicó desde el oficialismo que los cambios buscan “generar equilibrio urbano en tres escalas: “A nivel ciudad, impulsando el desarrollo del sur y consolidando la zona norte; a nivel barrial, con el ajuste de alturas priorizando las escalas barriales y resguardando el patrimonio; a nivel manzana, ajustando pisadas y alturas, principalmente ampliando el Centro Libre de Manzana en las Unidades de Edificabilidad de Altura Baja, respondiendo a las demandas vecinales”. “La Ciudad necesita una densidad mejor distribuida y un desarrollo urbano más equilibrado, que preserve la identidad barrial y se contemple el entorno, el proyecto propicia la modificación de las unidades de sustentabilidad de baja densidad, la modificación de las planchetas de edificabilidad y usos, la sustitución del instrumento de desarrollo territorial, modificaciones de texto, gráficos y distintos niveles de protección patrimonial de inmuebles”, abundan los fundamentos”, se planteó.
Asambleas barriales rechazan tanto el Código Urbanístico actual como los ajustes propuestos.
Previo a la votación, el Observatorio del Derecho a la Ciudad manifestó: “Eufemísticamente, los funcionarios del Poder Ejecutivo llaman “ajuste” a la imperiosa necesidad de frenar la construcción descontrolada en los barrios de casas bajas de la Ciudad de Buenos Aires que sufrieron estos años un proceso de renovación inmobiliaria acelerado por el abrupto incremento de la capacidad constructiva habilitada en el año 2018. Por ejemplo, desde 2019 a 2022 se otorgaron sólo en los barrios de Palermo, Colegiales, Belgrano, Núñez y Saavedra permisos de construcción por un total de 3.700.000 de m2 (casi dos Puertos Maderos). En el mismo período, en Chacarita, Agronomía, Parque Chas, Villa Ortuza, Villa Crespo, Paternal y Villa del Parque se otorgaron permisos de obra nueva por 1 millón de m2, un monto equivalente a todo lo que se construye en toda la ciudad en un año. Esta nueva propuesta de actualización de la normativa urbanística supuestamente se enmarca en la obligación de evaluar integralmente el funcionamiento del Código Urbanístico cada 4 años, pero lamentablemente no se cumplió con los procedimientos de democracia participativa legalmente estipulados ni con la producción de información necesaria para el debate público”.
“Elementos básicos de toda planificación urbana son la determinación de un diagnóstico, la priorización de los problemas que se pretenden solucionar en los siguientes años, la selección de las soluciones a implementar y la velocidad de implementación de estas. Cada una de estas etapas debe contemplar la participación ciudadana y ámbitos de codecisión entre la ciudadanía y el gobierno, ya que la ciudad es nuestro Bien Común, por lo tanto, la única planificación urbana válida es la planificación participativa. En este proceso de evaluación y “ajuste” del Código Urbanístico (CUr) no sucedió ninguna de estas cuestiones elementales. Al día de hoy, el gobierno de la ciudad no presentó ningún diagnóstico de qué sucedió en estos últimos 6 años desde la aprobación del Código Urbanístico aprobado en 2018. De acuerdo con el propio código y al Plan Urbano Ambiental, el Poder Ejecutivo debía iniciar un Monitoreo del funcionamiento de la nueva normativa urbanística desde su sanción, determinando variables y realizando su seguimiento. Nada de esto se hizo o lo están ocultando. La ciudadanía no tuvo acceso a nada similar a lo que podrían ser las conclusiones de dicho Monitoreo”.
“La nueva propuesta de modificación surge de esta forma como un acto mágico, sin fundamentos, sin antecedentes, sin información. La planificación propuesta es el paradigma de la discrecionalidad y la irrazonabilidad. Una planificación sin razones y sin razonabilidad. En este marco, el proyecto de ley proponía que la Legislatura delegara en el Poder Ejecutivo un poder discrecional enorme para otorgar excepciones, en toda la ciudad, a la normativa urbanística general del código a través de distintas herramientas (Capacidad Constructiva Adicional, Compensación Volumétrica, Regulación de las parcelas superiores a 2.500 m2, Deslinde, Determinación de usos en los espacios verdes, Enrases o Completamiento de Tejido, etc)”, agregó.
“En las primeras gestiones del Pro, la ciudad fue el reino de las excepciones a través de las “interpretaciones” que realizaba la Dirección de Interpretación Urbanística (DGIUR). El Poder Ejecutivo se transformaba en legislador y otorgaba permisos para torres por fuera de la norma utilizando artilugios jurídicos o ambigüedades de la normativa. Muchas de estas “torres sorpresa” planificadas dentro del paradigma del “Si pasa, pasa” fueron frenadas en la justicia generando “inseguridad” jurídica en el ámbito de las corporaciones inmobiliarias. Para superar dicha “inseguridad” Larreta, que no dejó de lado las “interpretaciones”, pergeñó en paralelo un proceso para garantizar mayor seguridad jurídica a los beneficiarios de las excepciones y así surgió la política del ConvenioVirus. Propietarios y Desarrolladores inmobiliarios pagaban por el cambio de norma para construir torres, avalados por la Legislatura, ya que los convenios urbanísticos se aprobaban por ley. A plena luz del día se conseguía una mayor protección legal de las excepciones que las que otorgan las “interpretaciones””.
“Ahora, Jorge Macri intenta tener lo mejor de ambos modelos de excepciones, por una parte, la discrecionalidad del Poder Ejecutivo que tenían las “interpretaciones” y, por otra parte, la protección legal de los convenios urbanísticos. Para esto le propone a la Legislatura que delegue sus facultades en el Jefe de Gobierno con la aprobación del proyecto, que la decisión de las excepciones vuelva al ámbito del Poder Ejecutivo y que no quede en cabeza de la Legislatura. Cada gestión del Pro se supera a sí misma. A falta de votos propios necesarios en la Legislatura (31 votos), Jorge Macri tuvo que aceptar la morigeración de la delegación masiva de facultades que proponía para que el proyecto de ley pudiera ser despachado de la Comisión de Planeamiento para su votación este jueves”, plantea la entidad.
J.C.
