La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra) realizó este jueves por la tarde, junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), un “camarazo” en la Plaza Congreso en homenaje al fotógrafo Pablo Grillo, quien durante la represión policial del miércoles recibió en la cabeza el disparo de un cartucho de gas lacrimógeno, lo que le generó una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. Fue operado y pelea por su vida en el Hospital Ramos Mejía del barrio de Balvanera.
Además, aRGra brindó una conferencia de prensa en la que se comentó que Grillo fue alumno en suyo en 2018. “Lamentamos que la ministra (Patricia) Bullrich, de la que pedimos la renuncia, haya dicho en La Nación+ que Pablo estaba detenido cuando estaba peleando por su vida en el Ramos Mejía”, protestaron sus referentes y agregaron: “Iniciaremos las acciones legales correspondientes para que no quede impune, dijimos que no queremos otro Cabezas”.
Durante la jornada la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete Guillermo Francos habían dicho que la agresión a Grillo era una especie de daño colateral de la represión policial necesaria para dispersar a los manifestantes que causaban incidentes.
No obstante, en la conferencia integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dijeron que el tipo de arma que se utilizó para disparar el tubo de gas lacrimógeno por una normativa estaba prohibida para las fuerzas locales hasta fines de 2023, cuando la actual gestión volvió a habilitar su uso: “La pistola lanza gases estaba prohibida como en gran parte del mundo y Bullrich lo derogó. Es un arma potencialmente letal”. Por otra parte, hay registros de uniformados disparando con esta arma en forma paralela al suelo, casi al ras del piso, hacia la multitud. Según se informa, este tipo de proyectiles se deben propulsar a 45 grados para evitar impactar de forma directa contra personas. No disparar en forma directa a personas es una de las advertencias impresas en los tubos, escrito en inglés: “Do not fire directly at persons serious injuy or death may result”,”.
En un comunicado, aRGra denunció el 16 de diciembre de 2023 que para el Ministerio de Seguridad “las y los reporteros gráficos eran objetivos a reprimir y lo fundamentó en las circunstancias en que una veintena de nuestras y nuestros asociados fueron baleados y gaseados por las fuerzas de seguridad a menos de una semana de asumir”.
“Alertamos que el protocolo iba a incrementar la violencia institucional y la impunidad de los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad. Iniciamos más de media docena de juicios ante distintos juzgados federales, nacionales y de la CABA. Recursos de amparo, denuncia por lesiones, abuso de autoridad y atentados contra la libertad de prensa. Ninguno prosperó, ningún juez nos escuchó”. “Hoy quien fuera nuestro alumno en aRGra Escuela, Pablo Grillo, ha sido vilmente herido de gravedad por fuerzas de seguridad. No habrá sido porque no advertimos el grado de peligrosidad de Patricia Bullrich. Y fue herido, y su vida corre peligro, porque no hubo ni un solo resorte político, institucional o judicial que le pusiera freno a su impericia asesina y demagógica, Hoy aRGra exige al presidente de la República que la separe de inmediato de su cargo y la ponga a disposición de la justicia, a ella y a sus subalternos. De no ser así, lo hacemos moral, política y penalmente cómplice de los delitos cometidos por su ministra”, agregó la entidad.
En tanto, el SiPreBA publicó el jueves este comunicado: “Pablo Grillo fue como fotógrafo a cubrir la marcha de los jubilados y jubiladas de cada miércoles, que iba a ser acompañada masivamente por hinchadas de fútbol, sindicatos y organizaciones políticas y sociales. Una hora antes del horario en el que estaba convocada la manifestación, se activó un enorme y violentísimo operativo de seguridad montado por el gobierno para dispersar, reprimir y criminalizar la protesta. Carros hidrantes, gases, balas de gomas, palazos, detenciones al voleo en motos, autos prendidos fuegos y una escalada de violencia desatada por el propio gobierno se instaló en los alrededores del Congreso. Pablo quiso registrar lo que estaba pasando, como hicieron fotógrafos y fotógrafas a lo largo de la historia argentina para contar y denunciar la represión y la violencia institucional. Estaba sacando una foto cuando un proyectil de un gas lanzado por las fuerzas de seguridad, lo impactó y lo hirió de modo tal que está en riesgo su vida. Estaba sacando una foto, haciendo periodismo: ese es nuestro trabajo, nuestro oficio, nuestra tarea en la sociedad. Eso no puede ponernos nunca más en riesgo”.
“Tampoco tendríamos que tener que registrarlo: protestar es un derecho constitucional, protegido por las leyes internacionales y fundamental para la vida democrática. Lo dijimos una y otra vez, sin naturalizar desde hace más de un año. Lo advertimos de nuevo un día antes de esta movilización en una conferencia de prensa y lo repetimos ahora: el gobierno de Milei tiene que dejar de reprimir a la protesta y a la prensa y es responsable de sus consecuencias. Pablo no fue el único herido de prensa. Los registros y las denuncias siguen llegando. Hasta el final de la noche del miércoles 12/3 al menos 15 compañeros y compañeras trabajadores de prensa habían sido afectados por gases, balas de goma, agredidos por las fuerzas de seguridad y algunos por manifestantes en medio de la desesperación y el clima de violencia instalado por la ministra Bullrich. Entre ese grupo, hay periodistas que estaban trabajando cubriendo la movilización y también representantes gremiales de nuestro SiPreBA que estaban participando de la movilización. Repudiamos la represión”, se agregó.
“Nos solidarizamos con quienes fueron víctimas de las fuerzas de seguridad y con quienes sufrieron agresiones durante la marcha. Entre ellos están, Emanuel Herrera y Guillermo Lepore de Crónica TV, Manu Jove y Matías Rebella de TN, Edgardo Gómez de Tiempo Argentino, los equipos de cronistas y camarógrafos de El Destape y de C5N, entre otros. Estamos a disposición de todos y todas. Seguramente con el pasar de los días sepamos que fueron más. Porque el operativo fue directamente una cacería. Así nos pasó en febrero de 2024, cuando más de 50 trabajadores de prensa fueron reprimidos. También el 12 de junio, en la movilización contra la Ley Bases que terminó con más de 30 manifestantes detenidos arbitrariamente en cárceles federales. No podemos naturalizarque esto nos pase. El gobierno de La Libertad Avanza decidió agredir reiterada y deliberadamente al periodismo, a nuestro oficio y a la libertad de expresión, e implementar un ataque sistemático de las fuerzas de seguridad sobre los trabajadores de prensa en cada manifestación, protesta o movilización que les toca cubrir. A partir de la instalación del protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desde el desde el SiPreBA llevamos adelante una serie de acciones de denuncia de estas prácticas represivas y persecutorias”.
“En diciembre de 2023, junto a centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, presentamos denuncias por el protocolo ante la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la justicia federal. Luego de la represión del 31 de enero y 1 de febrero de 2024, durante el tratamiento de la Ley Ómnibus, se denunció penalmente el accionar policial dirigido específicamente a la prensa y junto al CELS solicitamos a la CIDH que se dispongan medidas cautelares en favor de las trabajadoras y los trabajadores de la comunicación y los derechos humanos. El incumplimiento de los estándares de la libertad de expresión, que también fue denunciado frente a la CIDH y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas también se expresa, por ejemplo, en el vaciamiento y silenciamiento de los medios públicos”.
“Desde SiPreBA, como parte de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), junto a ARGRA y organizaciones de la comunicación y de los derechos humanos buscamos sostener la defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información como pilar fundamental para una sociedad democrática, el cual tiene que ser garantizado y respetado por todos los poderes del Estado. En otras palabras: el gobierno de Milei y Bullrich reprime y es responsable de sus consecuencias, mientras debería ser quien garantice el derecho a la protesta y el trabajo en prensa. ¡Basta!”, finalizó el SiPreBA.
J.C.
Foto: ANRed – Agencia de Noticias RedAcción
