En base al protocolo antitomas que rige desde el año pasado, la Fiscalía N° 31 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Carlos Rolero Santurian, imputó a 43 familiares de estudiantes porteños que tomaron escuelas públicas en 2018. Entre ellos, hay familiares de alumnos del colegio Mariano Moreno de Almagro, en Rivadavia y Mario Bravo.
Santurian traslada la contravención de los estudiantes hacia sus familias. Acusa a los menores de impedir el ingreso y la salida de lugares públicos (Artículo 57 del Código Contravencional porteño).
Soledad Acuña, ministra de Educación e Innovación de la Ciudad de Buenos Aires, dijo: “La toma de escuela es una medida extrema que perjudica el acceso a la educación a cientos de chicos. En democracia no debemos perder el espacio de la palabra y el diálogo. Tiene que quedar en claro que los actos tienen consecuencias: esto es también educar en valores. Vamos a seguir aplicando el protocolo ante cada caso de toma”.
Fuentes del Gobierno porteño expusieron ante Infobae: “Según el protocolo, una vez que la directora hace todo lo que marca se manda al Ministerio de Educación y de ahí pasa a la Procuración. Por último, toma intervención la Justicia”.
Se imputó a familiares de estudiantes de la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales “Rogelio Yrurtia”, en la N°1 “Presidente Roque Sáenz Peña”, en la Normal N°6 “Vicente López y Planes”, en el Mariano Moreno, en la Técnica de Jardinería Cristóbal M. Hicken y en la N° 5 “Martín Miguel de Güemes”.
J.C.
Foto: Izquierda Diario
