Desde hace casi un año un grupo de mujeres con sus hijos ocupan el inmueble público de Pringles al 340 en el barrio de Almagro y lo renombraron “Casa Pringles – Autónoma Territorial Reparadora (ATR)”, donde habitan y además realizan actividades sociales.
Días atrás se declararon en “estado de alerta” ante el inminente desalojo, ordenado por la Justicia porteña. “Vamos a defender este espacio donde vivimos, porque no queremos ser arrojadas nuevamente a la intemperie”, aseguraron.
Es por esto que llamaron a un acto de resistencia que se llevará a cabo el 31 de marzo desde las nueve de la mañana, informaron las habitantes a Revista El Abasto.
En este edificio funcionó un jardín público y luego un archivo del GCBA. El Gobierno porteño lo puso a remate en varias oportunidades (unidades funcionales de Pringles 340 y 342), luego de declararlo por Ley “innecesario para la gestión” (Leyes N° 3.397 y N° 6.287). El Banco Ciudad hizo siete subastas, todas desiertas.
En tanto, desde hace años la comunidad educativa de Almagro y alrededores pide que el edificio se destine en su totalidad (Pringles 340-342-344) a usos educativos para ampliar las vacantes escolares en la zona. En los últimos años han realizado una serie de actos y reclamos al respecto. En la Legislatura porteña además se pidió dejar sin efecto las Leyes que avalan la subasta.
En tanto, las familias que ocupan el inmueble divulgaron este comunicado: “Casa Pringles es nuestra casa. Ahí vivimos 10 pibas con nuestros hijes. Estamos en estado de alerta porque el Gobierno de la Ciudad, la Administración de Bienes y el Poder Judicial de CABA nos quieren desalojar. El inmueble pertenecía a Eduardo Sivori, pintor argentino fallecido en 1918, quien dejó la casa para ser usada con fines culturales. Luego, el Gobierno de la Ciudad lo convirtió en un espacio de archivo, que con el correr del tiempo dejó en estado de abandono. La casa fue subastada 7 veces y nunca se concretó la venta. Actualmente se encuentra en estado de abandono desde hace más de 30 años”.
“Hoy Casa Pringles se transformó en un espacio de referencia para el barrio, más de 40 personas entre niñxs y adolescentes, habitan la casa todas las semanas en el espacio del merendero, apoyo escolar y rondas de mates”, según plantearon.
“Además, muchas mujeres, vecinas del barrio, encontraron en esta casa un lugar seguro, un espacio de acogimiento para trasladar inquietudes y problematizar las violencias que las atraviesan. En nuestras rondas de mates, conversamos sobre lo que implica terminar con relaciones dañinas y agresivas. La escucha de nuestras vivencias nos permite reconocer las estructuras patriarcales y racializantes que nos despojan a la intemperie, a la calle. Luego de muchas vulneraciones, logramos entramarnos y estamos reconstruyendo nuestras vidas”, sumaron.
“Hace un año venimos luchando sistemáticamente contra la violencia judicial y policial. Tuvimos 3 reuniones de mediaciones con el Gobierno de la Ciudad en conjunto con Administración de Bienes, el IVC y Desarrollo Social, en la cual nos manifestaron que no tienen nada para ofrecernos en cuanto al acceso y derecho a la vivienda. Necesitamos alternativas para esta problemática estructural que nos atraviesa una y otra vez. No queremos quedar en situación de calle de nuevo con nuestxrs niñes”, aseguran.
“En la Ciudad de Buenos Aires hay más de 7.000 personas en situación de calle, mientras que el Gobierno de Larreta posee infinitas casas que son de su propiedad y que intenta vender para la especulación inmobiliaria. Hoy las pibas y familias estamos en estado de alerta ya que la Fiscalía PCyF N° 19 ubicada en Paseo Colón 1333 a cargo de los fiscales Lorena San Marco y Nuesto intervinieron en la causa penal por usurpación y nos dieron la intimación por desalojo”, mencionaron sobre la situación actual.
“Nunca les interesó que las personas que estamos en situación de calle o en riesgo de estarlo, tengamos un lugar para vivir. Las únicas acciones que han generado, cómo alternativa posible, fue el uso y abuso arbitrario por parte de la policía de la ciudad que ha intentado desalojarnos por la fuerza sin orden judicial y ejerce hostigamientos permanentes sobre nosotras. Por eso, vamos a defender este espacio donde vivimos, porque no queremos ser arrojadas nuevamente a la intemperie. Exigimos una respuesta urgente que tenga en cuenta nuestra situación. Porque nuestras vidas cuentan. La calle y la cárcel no son ni serán un lugar para vivir, tampoco para morir”, concluyeron.
J.C.
Foto: GCBA
