Los vecinos de la zona del Abasto debaten por el estado de sus espacios verdes. El Gobierno porteño actualizará el Plan Urbano Ambiental y organiza encuentros virtuales con los ciudadanos.
El viernes 30 de octubre se reunió de forma online el Consejo Consultivo Comunal 3 (Balvanera y San Cristóbal). Participaron vecinos y fuerzas vivas de ambos barrios. Fue la segunda asamblea del año, siendo la anterior la que se hizo en septiembre.
En primer lugar, expresaron su voluntad de votar a fin de año y renovar la Mesa Promotora, que es un grupo de vecinos encargados de organizar las reuniones y dialogar con la Junta Comunal 3. La composición de la Mesa se renueva cada seis meses. La última votación se hizo en diciembre de 2019. Por la pandemia no hubo reuniones hasta esta primavera, así que no hubo renovación.
También se habló de reactivar sus Comisiones de Trabajo: Presupuesto y Control de Gestión Comunal; Desarrollo social, salud y vivienda; Cultura, educación y deporte; Espacio público y medio ambiente; Seguridad y DDHH; Propiedad Horizontal.
Desde el Consultivo explican: “Las Comisiones son un espacio de trabajo colaborativo cuyo objetivo es darle seguimiento, investigar, buscar posibles soluciones y analizar en profundidad diversas cuestiones que se presenten en la comuna según su temática”.
Por último, los vecinos aprobaron una declaración en contra del remate de tierras públicas en Costanera Norte: “La Asamblea Plenaria del Consejo Consultivo Comunal Nº 3 manifiesta su rechazo sobre la venta del predio de Costa Salguero y al proyecto de ley (que se encuentra a la espera de tratamiento de segunda lectura en la legislatura de la CABA) que habilitaría la edificación en dicha área de Costanera Norte en detrimento de cualquier iniciativa de creación de nuevos espacios verdes. El CCC3 considera que la iniciativa del GCBA infringe los artículos 8, 27, 29 y 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Debate con la Comuna 3 por la Manzana 66 y por el Parque de la Estación
Vecinos de la Manzana 66 (Belgrano y Jujuy) se pusieron en contacto con la presidenta de la Junta Comunal 3 Silvia Collin. Le enviaron esta carta: “Vemos a nuestra plaza en una condición cada vez más baja, con falta de higiene real donde encontramos botellas, latas, orina y excremento humano y de mascotas. También entendemos que hay gente en situación de calle que usa la plaza para dormir y pasar el día. La incorrecta higiene del lugar acrecentará los contagios por diversos virus y bacterias”.
La funcionaria les respondió: “Se reforzó el operativo de Higiene Urbana y hablaremos con la empresa sobre las tareas en el interior. Obviamente hay cuestiones propias de un espacio abierto”.
Por otra parte, también está en debate el estado del Parque de la Estación de Gallo y Perón. En ediciones gráficas anteriores informamos el malestar de los vecinos ante la falta de mantenimiento en los sectores verdes y la falta de políticas públicas para contener a las personas sin techo que pernoctan en el lugar, muchos de los cuales también depositaban sus bolsones para recolectar residuos.
A fines de octubre al menos cinco operativos para remover sus pertenencias. A las pocas horas la gente se volvía a asentar. Fuentes oficiales afirman que hay personas con consumos problemáticos sin hogar, recicladores de residuos que trabaja en cooperativas y cartoneros informales. Cada cual requiere una intervención distinta por parte del Gobierno porteño.
Más adelante se reunió online la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque, integrada por vecinos y fuerzas vivas en pos del bienestar de este espacio público y el resguardo de las poblaciones vulneradas.
Participó Silvia Collin y dijo que tras varios reclamos logró la reparación del sistema de riego. Dijo que es difícil acondicionar los sectores donde vecinos pusieron flora autóctona rioplatense porque los perros suelen orinar allí y eso degrada la calidad del suelo.
Agregó que sobre la curva de Díaz Vélez un particular sin autorización tiró siete volquetes de tierra. Es donde está el gomero antiguo y la placa en homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo.
Plan Urbano Ambiental
En 2018 el Gobierno porteño, modificó el Código Urbanístico y el de Edificación. Ahora inició el debate para cambiar el Plan Urbano Ambiental (PUA, Ley Nº 71 y Ley Nº 2.930, entre otras), otra de las grandes normas sobre el tejido urbano.
“Este proceso requiere compromiso y participación de organizaciones vecinales, instituciones, cámaras, organizaciones de la sociedad civil, legisladores, y autoridades de las 15 Comunas de la Ciudad”, dicen fuentes oficiales. Para ello, este mes el Gobierno porteño hará reuniones virtuales con vecinos de las 15 Comunas.
El 20 de noviembre se hará para la Comuna 3 (Balvanera y San Cristóbal) y el 26 para la Comuna 5 (Almagro y Boedo). La inscripción se hace en el sitio oficial de la CABA.
Una comunicación del Gobierno porteño señala: “El PUA constituye la ley marco a la que se debe ajustar la normativa urbanística y las obras públicas de la Ciudad. Según la legislación, esta ley marco debe actualizarse cada cinco años o cuando fuera conveniente. Es necesario incorporar los nuevos temas que surgieron en la agenda desde 2008. La modificación del PUA incorpora ejes vinculados a la integración socio urbana, la equidad de género, el cambio climático”.
El proceso participativo que plantea el GCBA: “Se disparan tres procesos participativos que se retroalimentan y que ayudarán a delinear un diagnóstico con perspectiva antropológica y territorial, para enriquecer y ajustar la planificación de estrategias de intervención pública a los problemas y necesidades concretas de los vecinos. El proceso se abordará en tres instancias que se co-producen con socios estratégicos y van enriqueciendo cada proceso. Estos ejes se trabajan en equipo con los diferentes actores sociales y gubernamentales relacionados a cada temática específica. Asimismo, cada uno tiene una serie de productos asociados que quedarán como legado: Una agenda estratégica para la Ciudad, quince planes de comuna y Lineamientos estratégicos para la Región metropolitana de Buenos Aires”.
Sin embargo, para algunas entidades vecinales estos debates virtuales no son suficientes. A nivel local, la asamblea de vecinos que lucharon por la creación de la Manzana 66 señalaron: “Siguen las irregularidades en el GCBA. En plena pandemia Horacio decidió actualizar el PUA una de las leyes más importantes de la ciudad, que se tendría que haber actualizado antes del Código Urbanístico, pero se atrasaban varios negocios; ahora decide esta actualización, donde no podemos informar a los vecinos de que se trata, invita a reuniones virtuales con capacidad de 100 personas, es decir que 1500 personas van a decidir el futuro urbanístico de la ciudad. Desde la Red de Vecinos Manzana 66 Verde y Pública rechazamos estas reuniones y no participamos de ellas para no avalar este método y la gente ya sabe que estamos en contra de la política del gobierno que cementa la ciudad y provoca la gentrificación”.
En la Legislatura porteña el bloque Frente de Todos presentó este proyecto de Declaración: “La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su preocupación ante los “Términos y Condiciones” impuestos por el Gobierno de la Ciudad, a través de la Dirección General Participación Ciudadana y Cercanía, y la Secretaría de Desarrollo Urbano, a quienes deseen participar de las convocatorias públicas que dichos organismos están llevando a cabo en con motivo de la discusión y actualización del Plan Urbano Ambiental en el marco de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 71”.
Los fundamentos de la Declaración dicen: “A través de la página oficial de la Dirección General Participación Ciudadana y Cercanía, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires da a conocer los Términos y Condiciones a que deben adherir las personas que deseen participar de las convocatorias virtuales para la discusión y participación de las/os ciudadanas/os en la actualización del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad (Ley 2.930) en el marco de lo previsto en el artículo 15 de la Ley 71. No sólo resulta alarmante que quien desee participar de una convocatoria pública deba aceptar Términos y Condiciones para poder ejercer su derecho a la participación, sino que se les obliga, por ejemplo, a ceder previamente su imagen “a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por eso lo autoriza a utilizar, difundir y/o publicar, por sí o por terceros (en todos los casos total o parcialmente, en cualquier momento y para todo fin), el material generado en el marco de la presente convocatoria”. Otra cuestión que llama poderosamente la atención, es la mínima participación que tendrá la convocatoria, siempre suponiendo que cada reunión llegue al máximo permitido de 100 personas”.
“No es posible entender que criterio ha usado la Dirección competente en este tema para privar a todas aquellas personas de cada comuna para poder expresarse. La Constitución de la Ciudad y toda la normativa aplicable hacen hincapié en la importancia de garantizar el derecho a la participación ciudadana en los procesos de diseño, implementación y seguimiento de las políticas de gobierno. El condicionamiento de dicha participación a la aceptación de cualquier imposición resulta lesivo de dicho derecho. Es menester avanzar hacia un horizonte de mejor y mayor participación, pero si, llegado el caso, y en situaciones extraordinarias como la pandemia con la que estamos conviviendo, debemos intentar que nuestra sociedad pueda expresarse en su totalidad, y no escuchando a una minoría de cada comuna como es el presente caso”, concluyen en el Frente de Todos.
Juan Manuel Castro
mjuancastro@gmail.com
