Luego de varios años de cajoneos en la Legislatura porteña, en pocas semanas el Congreso de la Nación convirtió en Ley la expropiación de Cromañón (Mitre 3038-70) para instalar allí un Espacio de Memoria. Fue producto de la lucha constante de familiares de víctimas y sobrevivientes.
Primero, el 12 de octubre se le dio media sanción por unanimidad en Diputados. A la Cámara baja ingresó el proyecto a fines de septiembre con la firma de la diputada Paula Penacca (Frente de Todos) y el acompañamiento de todos los bloques. Incluso el PRO, que en CABA integra el interbloque oficialista y no avalaba la misma normativa a nivel local. Luego, el 27 de octubre -con 60 votos a favor y uno en contra- el Senado dio la sanción definitiva.
El objetivo es convertir el edificio en un Espacio de Memoria, tal como exigen familiares y sobrevivientes de la tragedia ocurrida en Balvanera el 30 de diciembre de 2004 por la cual hubo 194 muertos y cientos de heridos.
De este modo, la Ley declara “de utilidad pública y sujeto a expropiación (Ley N° 21.499)” el edificio de Once, donde “se creará una muestra permanente que reflejará la historia de lo allí ocurrido, y se organizarán actividades culturales e informativas”.
Además, se deben “conservar los elementos testimoniales de la masacre, que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica que se debe preservar”. Asimismo, “se deberán garantizar las acciones de conservación preventiva, curativa y de restauración dentro del predio”.
El inmueble a expropiar, la calle aledaña y el “Santuario” armado afuera del local (sobre la calle Mitre, llamado Paseo de las Almas), componen una “unidad de sentido en relación al respeto y la conservación de la memoria colectiva, por lo que gozarán de protección por parte el Estado”.
También se establece que “la autoridad de aplicación tendrá a cargo la puesta en funcionamiento y administración del espacio con participación de los familiares de las víctimas fatales y las víctimas sobrevivientes”.
En las nueve agrupaciones de familiares y sobrevivientes que conforman la Coordinadora Cromañón, cara visible del reclamo que llegó al Congreso, están contentos, pero a la vez expectantes por la reglamentación de la Ley y saber qué organismo estatal será la autoridad de aplicación. Esperan que el proceso de expropiación se desarrolle sin complicaciones o dilataciones en la Justicia.
De todos modos, este es el fin de un largo camino iniciado hace cerca de un lustro. Luego del siniestro ocurrido el 30 de diciembre de 2004, el edificio estuvo cerrado por pericias vinculadas a los procesos judiciales.
A fines de 2018 la Justicia devolvió el edificio a su dueño, el empresario Rafael Levy, quien se lo alquilaba a Omar Chabán, gerenciador de Cromañón como boliche y espacio de recitales.
Esto fue tomado por familiares como una afrenta. Peor lo que vino después. En abril de 2019 un grupo de personas ingresó al edificio y tiró pertenencias que había en el suelo, que eran de las víctimas y sobrevivientes. Estaban allí desde la noche del incendio.
Los allegados de las víctimas empezaron a exigir la expropiación ante rumores sobre la posible instalación de una “saladita” o de viviendas.
Intentaron desde entonces y hasta bien entrado el 2022 que la Legislatura porteña apruebe una Ley de expropiación. El oficialismo de forma extraoficial aducía cuestiones presupuestarias.
Al ver ese camino obstaculizado, peticionaron ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y allí sugirieron ir al Congreso, tal como finalmente ocurrió.
J.M.C.
