Este martes iniciaron tareas de apuntalamiento en las viviendas linderas a donde se produjo el 1 de abril el Derrumbe de San Cristóbal, en Pavón y Urquiza, por el cual murió aplastado el vecino Adrián Continiello.
“Hoy comenzaron nuevamente las tareas de apuntalamiento de la medianera que quedó en pie, ya que tiene peligro de derrumbarse y no van a trabajar en la remoción de escombros si aún puede caerse sobre los obreros la pared”, expresaron desde Justicia por el Derrumbe de San Cristóbal.
“Los bloques más pesados ejercen mucha presión y debe apuntalarse antes de removerlos. Esperamos este trabajo pueda avanzar sin inconvenientes, que el clima nos acompañe sin lluvias y que de una vez por todas puedan hacerse las pericias”, sumaron.
El 1 de abril se derrumbó una obra en construcción en Pavón 3094, donde hacían trabajos de excavación. En consecuencia, se desplomó también el inmueble lindero, en Pavón 3078, de tres plantas. En un piso superior dormía Adrián Continiello, sonidista de 32 años. Murió aplastado por los escombros. También hubo ocho personas heridas.
La Justicia ordenó allanar y secuestrar documentos en la empresa constructora Lybster SA y de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del Gobierno porteño. La causa está caratulada como homicidio culposo y recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9.
El lunes 8 de abril, a una semana del hecho, la familia hizo una protesta en Pavón y Urquiza. “La de mi hijo era una muerte evitable y el jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) tiene que dar la cara, porque él también es responsable de lo que pasó”, dijo Norma, la mamá de Adrián. Esteban, el hermano, llamó a “tomar conciencia de que debemos reclamar para que no nos sigan matando”: “Pagamos para que nos maten, votamos para que nos ignoren, no somos nada para los que gobiernan y ahora nosotros no sabemos cómo hacer para seguir adelante”.
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) el 4 de febrero hizo una “denuncia de obra urgente” contra la empresa Lybster SA ante la Dirección General de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad por “reiterados incumplimientos en las condiciones de seguridad laboral, señalización y protección de zanjas y excavaciones”. El 14 de marzo la Agencia Gubernamental de Control (AGC) intimó a la empresa a remediar el problema con un plazo límite al 21 de marzo. La AGC dijo que estos factores “no tuvieron incidencia en el derrumbe de la obra, y que la misma se encontraba habilitada, tenía asignado un Director de obra, y contaba con un seguro”.
Diversos bloques parlamentarios piden informes en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Descreen de la rigurosidad de los controles oficiales. “La novia del joven fallecido comentó que los vecinos habían realizado varias denuncias desde el comienzo de la obra en diciembre de 2018. Particularmente, argumentó que todas las mañanas les temblaba la casa y que llamaron varias veces al 147 (número del Gobierno porteño), a lo que siempre les respondían que era normal”, dice un pedido del bloque socialista.
Tras el derrumbe, la ONG Defendamos Buenos Aires divulgó un estudio que concluyó que un tercio de las obras en construcción de la Ciudad de Buenos Aires (unas 4.000, de un total de 12.000) presentan “distintos tipos de deficiencias que las hacen inseguras”. También señalan que en los últimos 12 años hubo en suelo porteño 25 derrumbes, que produjeron 9 muertos, 99 heridos y $100.000.000 en daños materiales.
J.C.
