El 28 de julio se incendiaron cuatro habitaciones, por lo que quedaron en la calle 18 familias. El 6 de septiembre la justicia dispuso la expulsión de las personas restantes. El lugar está tapiado y se estima que allí se harán desarrollos inmobiliarios.
El asentamiento era de una planta y estaba dividido en habitaciones. Sobre Gallo estaban los ingresos a las viviendas. En Corrientes había locales comerciales, incluso un quiosco en la ochava.
Aparecieron herederos de estas tierras que figuraban como fiscales luego de las expropiaciones para la traza de la autopista (AU3) que finalmente no se realizó. Los herederos de los dueños originales de la tierra, a través de un apoderado, impulsaban el desalojo ante el Juzgado Nacional en lo Civil N° 39, cuya jueza es María Victoria Pereira. La causa tenía casi 20 años. Hace una década mencionamos que hubo vecinos que pretendían ahí hacer una plaza (que querían nombrar Osvaldo Pugliese).
El desalojo original se iba a hacer el 28 de agosto. El incendio de fines de julio, donde cuatro niños fueron hospitalizados por quemaduras y se intoxicaron por inhalar humo, hizo que se reprograme para el 6 de septiembre. En ese tiempo Paula Villani, que es abogada con el patrocinio de todos los vecinos del asentamiento, pidió hacerlo en diciembre para darle tiempo a las familias a acceder a un subsidio habitacional del Gobierno porteño, a que sus hijos terminen el ciclo lectivo y a que consigan un nuevo lugar para vivir.
Sin embargo, el primer jueves de este mes se ejecutó el desalojo, poniendo fin a uno de los asentamientos más antiguos del Abasto. “La verdad es una situación muy triste lo que nos está pasando”, dijo a este medio Daniel Tapia, uno de los vecinos de Gallo y Corrientes. Se dedica al rubro gastronómico, pero ahora está desempleado. “Es duro estar en la calle sin plata”, lamenta.
Tapia contó que muchas familias se fueron a vivir a la localidad bonaerense de Moreno. Otras alquilaron habitaciones en la Villa 31 de Retiro y unas pocas se instalaron en un inmueble de Zelaya y Agüero. “Hay familias que tienen a sus hijos y los tienen que llevar al colegio. Se les hace muy difícil por las distancias”, agregó.
Villani contó el caso de una mujer que tuvo que ir con su hijo a vivir de vuelta con su expareja, pese a que este ejercía violencia de género contra ella. “Hay realidades muy complejas a las que se suma la situación de calle”, dijo.
Las familias desalojadas emitieron un comunicado público por los subsidios habitacionales: “Nos dirigimos a Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno porteño a fin de cobrar el subsidio habitacional de emergencia. No contentándose sólo con dar un subsidio de miseria, que va de los $1.000 a $2.500 (mientras el cuarto de un hotel se cobra promedio $6.000), nos han mentido y maltratado. El acuerdo era que cobrásemos en estas fechas (a los pocos días del desalojo), pero lo único que encontramos fueron excusas, rechazo y hasta maltrato, en especial por parte de Carlos Dellamónica, cabeza del BAP (Buenos Aires Presente)”.
La abogada Villani explicó: “Los hoteles de Capital Federal están colapsados. Cuesta mucho conseguir entrar. Son familias ensambladas, necesitan varias habitaciones y no hay cupo para estar todos juntos”.
Desde el incendio, el 28 de julio, los centros culturales del Abasto mostraron su solidaridad con las familias, que no podían ingresar a retirar sus pertenencias por peligro de derrumbe. Es el caso de Casa Gatica (Bustamante 551) y Amerindia (Zelaya 3167). También intervinieron la comunera Laura Corvalán y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. El fin de semana anterior al desalojo hicieron una olla popular con radio abierta para visibilizar el drama de este grupo de vecinos del Abasto.
El legislador porteño Sergio Abrevaya (GEN) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el incendio. Al cierre de esta edición no se había tratado en el recinto de sesiones de la Legislatura. “Encarar la reubicación en otro lugar, alquilar, hotel u otro tipo de alojamiento en familias de bajos recursos, es casi imposible y casi condenados a vivir en la calle”, lamentó el representante.
Las familias desalojadas de Gallo y Corrientes concluyeron: “Alertamos que seguiremos unidas, unidos y en la lucha por nuestros derechos. Convocamos a todas las organizaciones sociales, culturales, barriales, vecinas y vecinos a acercar su solidaridad, difundir y sumar fuerzas para que el Gobierno no siga sin más con su plan de expulsión, que sólo favorece a sus amigos millonarios como las empresas de construcción, la cámara inmobiliaria y la liga de rematadores”.
J.M.C.
