Legisladores del Frente de Todos impulsan un proyecto de Ley para dejar sin efecto el nuevo sistema de estacionamiento regulado que amplía los espacios tarifados en la vía pública.
En concreto, piden derogar el artículo 2° de la Ley 6.353 y el artículo 1° de la Ley 5.728 (texto consolidado por Ley 6.017 y modificado por Ley 6.036).
“Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contempla el Sistema de Estacionamiento Regulado y el Servicio de Grúas. Que la concesión del Servicio de Grúas lleva 22 años vencida, 15 años responsabilidad del PRO, a pesar de haber sancionado en el año 2011 la Ley Nº 4.003 para la regularización los servicios de Estacionamiento Regulado y Servicio de Grúas, la cual sufrió sucesivas prorrogas que demoraron la necesaria regulación de los servicios. Que el artículo 1º de la Ley N° 5.728 aprueba la zona tarifada de estacionamiento que comprende 135.000 espacios en toda la Ciudad”, fundamenta la iniciativa.
“Que durante el año 2020 se introdujeron distintas reformas al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en particular a lo que se refiere a las zonas de residencia (artículo 7.4.5), modalidades tarifarias (artículo 7.4.8.1) y medios de pago (artículo 7.4.9) del Sistema de Estacionamiento Regulado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que mediante la Ley Nº 6.353 nuevamente se autoriza el llamado a licitación de Servicio de Grúas que entre otras prestaciones operarán sobre 80.000 espacios tarifados en la Ciudad. Que el régimen vigente sobre Estacionamiento Tarifado y Servicio de Grúas separa el cobro por el Estacionamiento Medido del Servicio de Guas”, añade la defensa de la propuesta de Ley.
“Que no se ha demostrado ni justificado que con el aumento de los actuales 4.000 espacios de estacionamiento tarifados a 80.000 se vaya a mejorar la fluidez del tránsito ni se vaya a lograr la descongestión vehicular, y sobre todo que no es un pedido de ningún sector de la sociedad, y que solo es motivado por el afán recaudatorio en desmedro del bolsillo de miles de vecinos que van a tener el problema del pago por estacionamiento regulado que hasta ahora no tienen, siendo insuficientes los supuestos beneficios para residentes. Que la movilidad urbana se ha visto modificada producto de la pandemia y es necesario repensar los sectores tarifados de acuerdo a las necesidades actuales de la población metropolitana y a las nuevas características socio-territoriales que han adoptado cada uno de los barrios de la Ciudad. Que en consecuencia se propone la derogación de los artículos que facultan al Poder Ejecutivo a establecer el Estacionamiento Medido en 135.000 espacios de estacionamiento de la Ciudad y por ende la remoción de los vehículos por parte del Servicio de Grúas de dichos espacios, en los supuestos establecidos por el Código de Tránsito y Transporte”, analizan en el FdT.
“Que, en otro orden de ideas, con la inflación que se vive en estos momentos, y con los vecinos teniendo que sumar más gastos al ABL indexado, y las patentes, entre otras tasas que el Gobierno ya viene cobrando, no plantea las mejores circunstancias para poner en marcha esta norma. Que el establecimiento de un sistema de estas características no debería tener como objetivo únicamente el aumento de la recaudación y debiera contemplar las necesidades de los porteños y porteñas. Que es preciso que quienes son definidos como usuarios del Sistema de Estacionamiento Regulado tomen conocimiento acerca de las últimas reformas realizadas al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos durante el año 2020”, se expone.
“Que no se tienen cifras respecto a la cantidad de vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que realizaron la reserva del espacio para estacionamiento en las proximidades de su vivienda, y según los medios de comunicación serian solo 1000 hasta el momento, sabiendo que una baja inscripción podría generar efectos no deseados en relación a cobros de estacionamiento medido indebidos. Que el radio de 300 metros gratuito para residentes podría ser insuficiente en los barrios donde se implementará la medida para garantizar el no cobro de la tarifa a los vecinos que viven en las zonas afectadas. Que la medida contempla a solo un vehículo por vivienda y teniendo en cuenta que numerosas familias podrían tener más de un medio de transporte, la medida podría perjudicar sus ingresos, no reflejando un carácter estrictamente progresivo debido a la inexistencia de otros parámetros de diferenciación de tarifas, como por ejemplo el modelo del vehículo, su tamaño y su valor de mercado. Que la disponibilidad de cocheras dentro de los edificios es baja debido a la ausencia de planificación urbana dentro de la Ciudad sobrepoblando así los requerimientos de estacionamientos en la vía pública. Que la disponibilidad de medios alternativos de estacionamientos es inelástica en el corto plazo debido a la ausencia de espacios posibles en la Ciudad para aumentar la oferta de los mismos, no habiendo así sustitutos inmediatos ni habiéndose planificado la generación de los mismos desde el Gobierno de la Ciudad”, se plantea como problemáticas ante el sistema.
“Que cabe destacar que, siendo claramente un esquema recaudatorio, la recaudación del Gobierno de la Ciudad para el primer trimestre del 2022 alcanzó el 24,4% de la proyección vigente, mientras que la ejecución presupuestaria devengada para el mismo periodo no tuvo el mismo sendero con tan solo un 16,1%, evidenciando una disponibilidad de recursos ociosos que permite aliviar las cargas impositivas al menos temporalmente. Que el ingreso vinculado a multas vigente se proyecta en torno a los $10.343 millones de los cuales ya se recaudó un 23,8% dando cuenta de que este rubro se mantiene dentro de la tendencia general de la recaudación y por esto no existen motivos para acrecentar este inciso de forma injustificada o innecesaria”, se reflexiona en la defensa.
“Que la carga impositiva que asumen los contribuyentes por tributos de la Ciudad de Buenos Aires es elevada, sumado a que la actualización periódica indexada a la inflación en impuestos como el ABL aumenta la merma en el poder adquisitivo de los mismos. Que el Gobierno de la Ciudad ya se vio en la obligación de otorgar una bonificación al impuesto sobre las patentes de los automóviles dado que las alícuotas del mismo superarían de forma amplia al nivel de inflación generando un perjuicio importante a los contribuyentes y a los ingresos de los mismos”, se suma sobre este punto.
“Que la ausencia de planificación de obras de infraestructura vinculadas a la extensión de la red de subtes en la Ciudad, genera incentivos a la utilización del automóvil particular como medio de transporte, constituyendo así un importante perjuicio para los contribuyentes la implementación de una medida vinculada a la ampliación del estacionamiento medido sin previa campaña de difusión sobre sus potenciales beneficios. Que la variación interanual de la recaudación para marzo de 2022, según informa AGIP es de un 63% mientras que para el caso del IPC la misma se situó en torno al 55,1% evidenciando esto un crecimiento en términos reales de los ingresos percibidos por la Ciudad, invalidando argumentos para avanzar en materia impositiva en este contexto, sumado a la permanencia del impuesto a los sellos en las tarjetas de crédito, un tributo de carácter regresivo”, concluyen en el FdT.
J.C.
