La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires dio media sanción a fines de septiembre a una ley que avala la construcción de 11 torres en diferentes barrios porteños con alturas que superan las permitidas en el Código Urbanístico. Una de ellas alcanzará los 73 metros, más del doble de lo permitido en la actualidad, y se ubicará en Gallo y Corrientes, plena zona del Abasto. Los dueños del terreno se comprometen a entregarle al GCBA en compensación a esta excepción normativa la suma de $170.000.000 para ejecutar obras en el microcentro.
El viernes 19 de noviembre a las 13 se desarrollará la audiencia pública a través de la plataforma Zoom. Las personas que quieran disertar deben registrarse en la web oficial de la Legislatura, en el apartado de Participación Ciudadana. El plazo de inscripción es desde el 22 de octubre hasta el 16 de noviembre a las 13. Asimismo, la audiencia se transmitirá en vivo desde los canales de YouTube del Poder Legislativo porteño.
La audiencia pública no es vinculante, pero sirve para exponer la voz de los vecinos. Por ejemplo, entre noviembre y enero de este año hubo más de 2.000 expositores y 7.000 anotados por un proyecto para rezonificar tierras de Costanera Norte (Costa Salguero). Se rechazó la propuesta oficial para construir edificios en un sector y se solicitó que todo el predio sea un parque público frente al Río de la Plata.
Además, al cierre de esta edición había más de 1.100 anotados para hablar el 15 de octubre en la audiencia pública sobre un convenio urbanístico que permite construir torres de 145 metros en la ex Ciudad Deportiva Boca Juniors, al sur de Puerto Madero. La propuesta incluye la constitución de un parque público. Varias organizaciones ambientales y barriales piden que todo el predio sea un gran espacio verde.
Una vez que se celebre la audiencia pública el 19 de noviembre, esta ley de aprobación inicial se volverá a tratar en la Legislatura, para darle sanción definitiva. La primera lectura se aprobó con 33 votos positivos del oficialismo Vamos Juntos, socialismo, GEN y UCR. Votaron en contra el Frente de Todos y la izquierda. La Coalición Cívica se abstuvo. Se espera que no haya grandes modificaciones al resultado final.
El proyecto de ley en cuestión fue firmado por el Poder Ejecutivo porteño y contemplaba originalmente la construcción de 15 torres, mediante la firma de sendos convenios urbanísticos entre el Gobierno de la CABA y los propietarios de los terrenos, quienes se comprometen a entregar dinero en favor de la administración capitalina, el cual se utilizará para obras en el centro, sector afectado por la dinámica de aislamiento social y el trabajo remoto que se implementó ante la pandemia.
Por cuestiones ligadas al a falta de documentación respaldatoria, quedaron afuera cuatro propuestas de edificación: Álvarez Thomas 401 (Colegiales), Azopardo 863 (San Telmo), Pinzón 1258 (Barracas), Virrey Liniers 2301 (Boedo).
En cambio, junto a la del Abasto se aprobaron estas torres: Campichuelo, entre Díaz Vélez y Jauretche; Díaz Vélez y Virasoro (Caballito); San Juan y Alberti (San Cristóbal); Amenábar 1501; 11 de Septiembre y Virrey Loreto; Libertador 5723; Arcos 1865 (Belgrano); Lafinur y Cabello (Palermo); Corrientes y Juan B. Justo (Villa Crespo); Arcos 3631 (Núñez).
A nivel local, el Poder Ejecutivo porteño firmó el convenio urbanístico con Javier Pelach, María Duek, Guido Kattan, poseedores del inmueble de Gallo y Corrientes. Estas tierras figuraban como fiscales luego de las expropiaciones para la traza de la autopista (AU3), la cual nunca se ejecutó.
Estos propietarios litigaron en la justicia durante varios años hasta obtener en la primavera de 2018 la orden para desalojar la esquina, en la cual había un asentamiento en el cual vivían cerca de 40 familias. El proceso se realizó ante el Juzgado Nacional en lo Civil N° 39.
En tanto, hace más de una década hubo vecinos que pretendían que allí se construyera una plaza pública, la cual deseaban bautizar Osvaldo Pugliese, en homenaje al célebre ícono tanguero, quien vivió a pocas cuadras, en Corrientes y Mario Bravo.
El edificio de Gallo y Corrientes, según el convenio, tendrá hasta 73,20 metros de plano límite (altura) hacia el interior de la manzana. Sobre el frente de Gallo tendrá casi 30 metros y sobre Corrientes tendrá casi 40 metros, ambos a la misma línea que los edificios linderos. Sobre la ochava llegará a los seis metros de alto.
En total, el edificio a construir tendrá una volumetría de 13.319 metros cuadrados. Se debe destinar una superficie mínima de 221 metros cuadrados como espacio libre de accesibilidad pública.
Los propietarios se comprometen a abonarle al Poder Ejecutivo la suma de 1.908.798 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). Se trata de una suma que en principio ronda los $170.000.000.
El Gobierno porteño planea utilizar este dinero para “promover el desarrollo urbano equitativo y sustentable del Área Central de la Ciudad, facilitando su residencialización, a través del financiamiento de proyectos de construcción, adecuación o puesta en valor de equipamientos urbanos, la conformación de áreas peatonales y calles de convivencia, con vistas a su revitalización y diversificación funcional”.
Desde hace años la zona del Abasto atraviesa un proceso por el cual el paisaje urbano se transforma, pasando de las antiguas casas bajas a edificios de altura, incluso en calles internas fuera de las avenidas.
En ese contexto, una crítica que se hizo a estos convenios urbanísticos es que muestra al Gobierno porteño pendiente de garantizar la rentabilidad del sector inmobiliario (aumentando su capacidad constructiva), mientras no se aprecian otras tantas políticas públicas que busquen combatir el déficit habitacional, los problemas para acceder a alquileres justos, las consecuencias de densificar los barrios sin planificación o servicios públicos suficientes.
Tal como ocurrió en la audiencia pública de Costa Salguero, se espera que los vecinos y fuerzas vivas pongan de relieve todas estas problemáticas y debatan sobre modelos posibles para la ciudad y los barrios, entre ellos la zona del Abasto.
J.M.C.
