Esta semana la legisladora del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Laura Marrone presentó un proyecto de ley para estatizar el Centro Gallego.
“Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el sanatorio de la Asociación Centro Gallego. Esto incluye el edificio, mobiliario, equipamiento e instrumental que actualmente pertenecen a la citada entidad. La entidad pasará a denominarse Hospital Centro Gallego y se integrará en la red de establecimientos públicos de la Ciudad de Buenos Aires”, señala la normativa propuesta.
“El Estado de la Ciudad, a través de SEBA, absorbe a su planta permanente a la totalidad del personal que se encuentra en relación de dependencia con la Asociación Centro Gallego. Se incorporarán con plenos derechos convencionales y salariales a la planta permanente, a los trabajadores que revistan en empresas tercerizadas que desarrollan tareas comprendidas en el marco de la ley 471. Ningún/a trabajador/a podrá ganar por debajo de la canasta familiar elaborada por Dirección de Estadísticas de la Ciudad”, añade.
“Se crea la comisión de seguimiento compuesta por trabajadores de la ex Asociación Centro Gallego, elegidos democráticamente y con cargos revocables, a fin de supervisar el traspaso del ámbito concesionado al sistema estatal”, concluye.
A la hora de fundamentar, Marrone explica: “El Centro Gallego de Buenos Aires, Mutualidad, Cultura y Acción Social fue fundado en 1907 y desde entonces ha desarrollado una intensa actividad con fuerte impacto, no solo en la colectividad gallega, sino también en la vida de los habitantes de la Ciudad. El hospital que el Centro posee ha sido un soporte importante durante varias décadas en la atención sanitaria de nuestra ciudad a la que contribuyó con sus 360 camas, consultorios, y personal que sumó cerca de 1600 trabajadores de todas las categorías laborales”.
En la actualidad ha disminuido su funcionamiento al mínimo, desactivándose pisos enteros, salas, consultorios y especialidades. Al mismo tiempo se ha producido un vaciamiento de personal ofreciendo retiros voluntarios y luego con despidos. Los 800 retiros voluntarios, más allá de su carácter extorsivo, aún no han sido cobrados por los presuntos beneficiarios. Los despidos se basan en causas nimias. Asimismo, se realiza una presión psicológica sobre los trabajadores, modificando sus condiciones de trabajo y horario, incitándolos a la renuncia. Cabe destacar que no se entregan recibos de sueldo y no tienen cobertura de ART”.
“Lo antedicho ha sido denunciado por los trabajadores del establecimiento que lo han difundido a la opinión pública y han realizado también numerosas presentaciones ante las autoridades. Ante el INAES el 12/4/16; el interventor Martín Moyano Barro en 11/16; nuevamente el INAES el 7/1/18; el Jefe de Gobierno de la CABA el 7/9/18; el Juzgado Nacional en lo Comercial N°54 el 29/4/19; la empresa gerenciadora Olmos el 14/5/19 y el 6/6/19; el Ministerio de Salud de la Nación el 16/8/19; nuevamente el INAES el 28/8/19; en agosto del 2019, pedido de informes a la Legislatura de la CABA; el Ministerio de Trabajo de la Nación el 16/9/19. Todos con resultado negativo”.
“Buscando una solución definitiva que preserve la fuente de trabajo y, a la vez, fortalezca el sistema público, los trabajadores del Centro Gallego se han dirigido en petitorio al Ministerio de Desarrollo Social el 5/1/16 solicitando la estatización del mismo y su integración a la red hospitalaria. También sin respuesta”.
“Partiendo de este antecedente es que proponemos este proyecto de ley que contempla la estatización del establecimiento hospitalario y su integración al sistema público de la ciudad. Quedan excluidas las otras actividades del Centro Gallego que continuarán en su esfera”.
“Asimismo, es deber de estricta justicia reparar la situación del personal despedido injustamente o forzado al llamado retiro voluntario, por lo que se contempla la posibilidad de optar por su reinstalación. De la misma manera, serán abonados todos los salarios adeudados”, concluye.
La legisladora repasa la historia reciente del Gallego: “A partir de la crisis del 2001 y hasta el 2009, el Centro fue subsidiado por laXunta de Gobierno de Galicia a través de la Fundación “Galicia saude”, la cual gerenció hasta el2011. En 2012, y después de una declaración de la H. Cámara de Diputados de la Nación, intervino el INAES, a pedido de los socios y del personal “para preservar la fuente de trabajo”. De acuerdo a un plan acordado con el Ministerio de Salud de la Nación se logró contrato con el PAMI, Garrahan y otros centros con lo cual se pudo mantener en funcionamiento”.
“A partir de la designación de Martín Moyano Barro como interventor en 2016, comenzó una política de desactivación del establecimiento produciéndose cierre de algunas, áreas, tercerización de otras y despidos de personal. En mayo del 2019 se hace cargo del gerenciamiento, con opción a compra, el Grupo BASA, el cual incrementa los despidos, retiros y desmoralización del personal mediante traslados arbitrarios, maltrato y privación de meriendas y ART entre otras decisiones unilaterales”.
“El 28/8/2019 los trabajadores presentan el reclamo actualizado de 17 puntos ante el INAE en el cual denuncian: Se modifica la jornada laboral de 8 a 9 hs; mucamas de área crítica se aumenta de 7 a 8 hs. personal descartable pasa de 8 a 9hs; mantenimiento pasa de 8 a 9 hs; personal de limpieza de laboratorio pasa de 6 a 8 hs; Se modifican los turnos de franqueros que pasan a días de semana; Quita de comida a mucamas y a nocheros; Se desconoce la prescripción de tareas livianas; Tercerización de lavaderos; Apremios psicológicos (listados de ingreso, persecución interna); Desconocimiento de las categorías; Poli función compulsiva; Maltrato por parte de la vigilancia; Despidos hormigas selectivos; Retiro voluntarios extorsivos a 800 trabajadores a quienes no les pagaron; No hay cronogramas de pago salarial ni recibos legales”.
J.C.
