Legisladores y legisladoras del Frente de Todos, con la firma de Cecilia Segura, presentaron un proyecto de Declaración donde manifiestan su preocupación ante el intento de desalojo de la llamada Casa Pringles del barrio de Almagro (Pringles 340-342).
Como informó Revista El Abasto, desde hace casi un año un grupo de mujeres con sus hijos ocupan el inmueble público de Pringles al 340 en el barrio de Almagro y lo renombraron “Casa Pringles – Autónoma Territorial Reparadora (ATR)”, donde habitan y además realizan actividades sociales. Días atrás se declararon en “estado de alerta” ante el inminente desalojo, ordenado por la Justicia porteña. “Vamos a defender este espacio donde vivimos, porque no queremos ser arrojadas nuevamente a la intemperie”, aseguraron.
De este modo, el proyecto de Declaración afirma: “La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su honda preocupación tras conocerse el inminente desalojo judicial instado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del inmueble ubicado en la calle Pringles 342, correspondiente a la Comuna 5, que coloca en riesgo a la situación de calle a las familias que allí viven, entre ellos 10 mujeres y 15 niños, niñas y adolescentes. A su vez, vería con agrado que el Poder Ejecutivo arbitre las medidas necesarias para llevar a cabo una mesa de trabajo conjunta con las familias del inmueble, la Defensoría del Pueblo, Defensoría General, la Asesoría Tutelar, el Instituto de Vivienda y esta Legislatura a fin de resolver la situación habitacional de las familias que allí habitan”.
La defensa del proyecto afirma: “El inmueble pertenece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 2009 fue declarado innecesario por la Ley 3.397 y a su vez, luego en 2019 mediante la Ley 6.287 se modificó el articulado de aquella ley, indicando que el objeto de lo producido por la venta de ese lote sería destinado a “desarrollo de obras de infraestructura, salud, educación, seguridad, vivienda, transporte público, movilidad sustentable, ampliación de la red de subterráneos y proyectos de inversión y cultura”. Desde entonces, se subastó 7 veces el inmueble, en ningún caso tuvo ofertas. La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 31, reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Sin embargo, el déficit habitacional en CABA es cada vez más pronunciado y afecta cada vez a más personas”.
Sobre el contexto actual en CABA, desde el FdT afirman: “Casi el 50% de la población que vive en la Ciudad de Buenos Aires padece algún tipo de vulnerabilidad habitacional, ya sea por vivir en algún tipo de hábitat precario o por tener que destinar la mayor parte de sus ingresos al pago de alquileres cada vez más altos. El acceso a la vivienda a secas, y mucho más a una vivienda digna, es cada vez más dificultoso para la población de esta ciudad. El número de hogares propietarios de sus viviendas no para de bajar (53.1%), al mismo tiempo que se incrementa la de hogares inquilinos o arrendatarios (34.6%) y con tenencia precaria (12.2%) (DGEyC, últimos datos publicados correspondientes al año 2021). A estos datos se suma la enorme dificultad que tienen las estadísticas oficiales para registrar la proporción de personas que viven en condiciones precarias (inquilinos informales, ocupantes de viviendas e inmuebles, población en villas, hoteles, pensiones e inquilinatos) o directamente en situación de calle”.
“Las dificultades para el acceso a la vivienda en la Ciudad se fueron profundizando, a la par de una evolución negativa de los indicadores de pobreza e indigencia. El valor de los inmuebles con precios de mercado sujetos al dólar, la falta de créditos hipotecarios, el aumento sostenido de alquileres, de la mano de una política pública que fomenta la construcción para inversión y especulación por sobre el desarrollo de vivienda para los sectores medios y populares no hace más que agravar la situación de miles de familias. De acuerdo al último informe de la Dirección General de Estadística y Censos porteña, en CABA viven actualmente 680.000 personas en situación de pobreza (22.1% de la población total) y 237.000 personas en situación de indigencia (7.7% de la población), sobre una población total de 3.120.612 habitantes. Es necesario revertir en forma urgente las grandes diferencias sociales que existen desde hace años en la ciudad en materia de políticas públicas orientadas hacia los que menos tienen y más necesitan”, concluye la defensa del proyecto de Declaración.
J.C.
Foto: Casa Pringles
