Este sábado pasada la una de la tarde se hizo una olla popular para rechazar el desalojo de más de 40 familias que desde hace décadas viven en el asentamiento de Gallo y Corrientes. Se iba a hacer el 28 de agosto por orden del Juzgado Nacional en lo Civil N° 39, a cargo de María Victoria Pereira, y se pasó para el seis de septiembre. Piden que se posponga hasta diciembre para que los niños que allí viven terminen las clases y para que puedan encontrar un nuevo hogar.
También se visibilizó que el 28 de julio en la madrugada se quemaron cuatro habitaciones (Gallo 396) y 16 familias quedaron en situación de calle. Desde hace un mes no tienen una respuesta contundente del Gobierno porteño. Les entregan un subsidio de emergencia de $2.500, que no les alcanza para ir a un hotel. Muchos están viviendo en casas de amigos, familiares o vecinos. Otros se mudaron a Provincia de Buenos Aires.
De las más de 40 familias que hay en el asentamiento de la esquina, 16 fueron desalojadas por el incendio y la justicia les impide ingresar a las habitaciones a retirar sus pertenencias, incluso a llevarse papeles con los que tramitan subsidios habitacionales. Argumentan que hay riesgo de derrumbe. Hay otras dos familias (Gallo 390) a las que no se les quemaron las pertenencias, pero igual fueron desalojadas con el mismo argumento, pese a no haber un impedimento judicial. Hay una consigna de la Policía de la Ciudad que supervisa ambos ingresos.
Este sábado junto a la olla popular se instaló un equipo de audio donde se pasó música y donde los vecinos hablaron. Zenón Aruquipa trabaja para la inmobiliaria Palazzo Caputo del Abasto y contó a los peatones que circulaban por la esquina: “Hay muchas familias que por un incendio nos dejaron en la calle. Hasta ahora no tienen respuesta habitacional. También estamos por sufrir un desalojo todos. Es por eso que hacemos la protesta, para que por lo menos se nos escuche en esta esquina”.
El vecino Daniel Tapia, que vive en Gallo y Corrientes hace décadas, nos cuenta: “Hay gente viviendo en casas de familiares, de otros vecinos, otros que se fueron a Moreno”. Se dedica al rubro gastronómico, pero ahora está desempleado. “Es duro estar en la calle sin plata. Hay familias que tienen a sus hijos y los tienen que llevar al colegio. Se les hace muy difícil por las distancias”. “Para ir a un hotel te sale entre $5.000 o $7.000. Con lo que dio el Gobierno porteño no alcanza. Aparte, en hoteles no te reciben con hijos o tampoco reciben a personas grandes o con discapacidad”.
Paula Villani es abogada con el patrocinio de todos los vecinos y señala ante este medio que tras el incendio muchos se fueron a vivir a la Villa 31, al inmueble de Zelaya y Agüero. Dijo que hay chicos que están perdiendo días de clase por haberse ido de emergencia a lugares lejos de sus escuelas.
Incluso contó el caso de una mujer que al no poder ingresar a Gallo y Corrientes tuvo que ir con su hijo a vivir de vuelta con su expareja, pese a que este ejercía violencia de género contra ella.
“Las familias que sufrieron el incendio recibieron el subsidio de emergencia y recién para el 17 de septiembre les dan para los habitacionales (entre $2.000 y $4.000)”, agregó. “Los hoteles de Capital Federal están colapsados. Cuesta mucho conseguir entrar. Son familias ensambladas, necesitan varias habitaciones y no hay cupo para estar todos juntos”.
“Se pide que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) inicie los trámites de dar créditos hipotecarios para algunas de las familias” que fueron desalojadas por el incendio. Las familias que todavía no fueron desalojadas piden “la prórroga del desalojo para diciembre para poder mudarse a Provincia de Buenos Aires o al Interior y que los chicos terminen el ciclo lectivo”.
“El Gobierno porteño entrega los subsidios recién cuando la gente está en situación de calle, es decir cuando son desalojados. Esa es una situación de riesgo por el contexto actual y por los aumentos en los precios consecuencia de la devaluación reciente. Si así pasa pone a las familias en una situación de vulnerabilidad”.
Daniel Tapia, como uno de los pobladores más antiguos, sostiene: “Esto era un terreno baldío. Se fue construyendo por partes hace más de 20 años. Tiene varias entradas. Me llama la atención el fuego. Dicen que fue un cortocircuito, pero no dejo de pensar que se quemó un mes antes del desalojo”, agregó.
La abogada dijo que los herederos de los dueños originales, a través de un apoderado, impulsan el desalojo ante el Juzgado Nacional en lo Civil N° 39 (avenida De Los Inmigrantes 1950, quinto piso), cuya jueza es María Victoria Pereira. Asegura que una vez desalojado el terreno se buscará hacer desarrollos inmobiliarios. Señala que la causa viene desde 2001 y tuvo distintos letrados.
Asegura que el día del incendio el programa Buenos Aires Presente (BAP) del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat hizo un censo a medias de las familias damnificadas y que es necesario volver a hacerlo en forma precisa.
En el acto de este sábado por la tarde estuvieron presentes miembros de Casa Gatica (Bustamante 551), Centro Cultural Amerindia (Zelaya 3167), la comunera Laura Corvalán, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y asesores del legislador Sergio Abrevaya (GEN), quien presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el incendio.
J.C.
Fotos: Revista El Abasto
