Legisladores de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes sobre “las acciones de allanamiento a trabajadores de la economía popular (rama de comercio popular) por parte de personal del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y la Policía de la Ciudad en el predio ubicado en Perón y Boulogne Sur Mer”, en Once, la zona comercial de Balvanera.
La defensa del requerimiento al Poder Ejecutivo porteño inicia: “En un contexto de reiterados operativos policiales por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en conjunto con personal del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana el día 4 de octubre fueron allanados sin previo aviso vendedores ambulantes que se encuentran trabajando en puestos dentro del predio que se encuentra en la zona de Once, en Perón y Boulogne Sur Mer. Dicho predio fue otorgado en 2017 por el mismo Gobierno de la Ciudad para reubicar más de 200 vendedores ambulantes que habían desalojado de la zona de Once en el que se encuentran inspectores del propio Gobierno de la Ciudad dentro del predio”.
Sobre lo ocurrido, la defensa del pedido de informes menciona: “El día 4 de octubre el Ministro de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires Waldo Wolff anunció que realizaron 197 allanamientos en 23 parcelas y dijo que “la cantidad de mercadería secuestrada todavía no está acreditada”. En la misma declaración, el ministro de seguridad enuncia que “empezamos con el tema del espacio público, lo hicimos en Parque Patricios, lo hicimos en Parque Centenario, lo hicimos en Retiro, lo hicimos en Constitución y ahora tocó el turno de Once”.
En UP analizan: “La línea que baja Jorge Macri es que donde nosotros entramos a restablecer el orden no nos vamos”. Ese mismo día el Jefe de Gobierno, también declaró que habían acabado con “el trabajo esclavo [en] las calles de Once”. Sin embargo ninguno de los dos brindó pruebas que confirmaran sus acusaciones o justificaran su actuar. Por el contrario, encontramos que la persecución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para con los trabajadores de la economía popular es constante y sistemática y, en palabras del propio Ministro de Seguridad, no va a frenar”.
“En el allanamiento en cuestión, incluso se decomisó mercadería de vendedores que ellos mismos reubicaron en el predio que construyeron tras haberlos desalojado de las avenidas Rivadavia y Pueyrredón. Algunos de ellos, reubicados allí menos de una semana antes, cuando el propio GCBA cerró el predio que existía en la calle Rioja”, sumaron.
“Demostrando así una falta de coherencia en las acciones para con el sector, que parecería confirmar una falta de política integral de abordaje a la problemática. Las únicas respuestas que parecería ofrecer el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para esta población resultan ser acciones violentas, operativos por fuera del marco de la ley y sustracciones de mercadería, que solo abonan a desamparar a miles de trabajadores de la economía popular sin ofrecerles ninguna alternativa. Por todo lo expuesto, resulta imprescindible contar con información precisa que permita abordar la problemática y ofrecer una solución integral a los/as trabajadores/as”, finalizaron en UP.
J.C.
Foto: MPF-CABA, archivo
