El legislador porteño Patricio del Corro (PTS en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores) presentó un proyecto de resolución por la situación crítica que atraviesa el Centro Gallego (Pasco y Belgrano, Balvanera): “La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires solicita al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y a los organismos que correspondan, en un plazo máximo de 30 días hábiles de recibida la presente, informe sobre los siguientes puntos relacionados con el estado de funcionamiento del establecimiento de salud Centro Gallego así como a las condiciones laborales de las y los trabajadores de esa institución”.
El legislador pide al Poder Ejecutivo porteño: “Indique qué organismos gubernamentales y no gubernamentales, instituciones y/o organizaciones intervienen para la licitación del Centro Gallego. Asimismo notifique qué instituciones y/o empresas son las participan del concurso de acreedores; Indique los motivos por los cuáles han sido inhabilitados los sectores de quirófano, pediatría, maternidad, anatomía patológica, neo-natología, cardiología, hemoterapia, lavadero, facturación, auditoría, esterilización del Centro Gallego; Indique cuántas son las camas totales que dispone la institución y cuántas son las habilitadas para internaciones”.
“Indique qué tipo de prestaciones se brindan a los socios de PAMI y especifique las características del convenio con PAMI; Indique la cantidad mensual de insumos para medicar, curar e higienizar pacientes que recibe el Centro Gallego. Indique de qué farmacéuticas y/o empresas son esos insumos; Indique cuántos convenios existen entre el Centro Gallego y los laboratorios que brindan insumos a la institución. Detalle cada tipo de convenio; Indique motivos y/o razones por las cuales los últimos 6 (seis) balances públicos no fueron aprobados”, entre otros puntos.
A la hora de fundamentar este pedido, del Corro afirma: “El Centro Gallego de Buenos Aires es una institución centenaria cuyo edificio principal se encuentra ubicado sobre Av. Belgrano 2199. Dicha institución atraviesa una grave crisis económica desde hace más de cinco años que conlleva graves deudas con proveedores, trabajadores y la AFIP en concepto de falta de aportes de pagos patronales, como detallará más abajo. La Justicia Nacional en lo Civil resolvió en el mes de octubre de 2012 la intervención del instituto, resolución confirmada en abril de 2013 por la Cámara Nacional Civil, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Desde el 2012, han pasado tres interventores por el Centro Gallego: primero, el contador Carlos La Blunda; Sergio Iribarren Pugach en un período breve entre fines de 2015 y principios de 2016; al frente de la tercera intervención se encuentra Martín Moyano, quien es el responsable del INAES hasta la actualidad”.
“Cuando ocurre la intervención del INAES en 2012, la deuda del Centro Gallego era de 60 millones de pesos y al día de hoy, los y las trabajadoras así como las y los socios, denuncian no saber de cuánto se trata la deuda ya que el balance contable ha sido rechazado en seis oportunidades. También denuncian que el Centro ha sido vaciado de insumos y herramientas de trabajo, prueba de ello es que de cinco pisos que cuenta el instituto, hay cuatro inhabilitados con candado dando por resultado el funcionamiento de un solo piso para la atención de pacientes. Las y los trabajadores denuncian el despido de 1200 empleados, habiendo sido una institución que supo contar con aproximadamente 1600 trabajadores, con 120 mil socios, contando con 350 camas”, agrega.
“En marzo del 2016 se entrega en mano al nuevo Presidente del INAES el Dr. Marcelo Collomb (a tres meses de haber asumido el Gobierno de Macri) un Proyecto de Reestructuración Administrativo-Financiero para el CGBA. Es nombrado instantáneamente un nuevo interventor, Martín Moyano Barro, por el Directorio del INAES, sin tener en cuenta sus antecedentes y posibles capacidades. Su currículum y su accionar demostraron a las clara, falta de idoneidad y capacidad intelectual para gerenciar los problemas del CGBA. Así cayó en un desorden administrativo y financiero, ante la carencia de un modelo de estrategia matricial empresarial que le permitiera instrumentar una opción diferente a la presentada por el grupo de socios. Ante el fracaso manifiesto, optó por iniciar un proceso de vaciamiento del hospital, a través del despido de profesionales de la salud (médicos y enfermeras), administrativos y anulación de contratos con las Obras Sociales. Los fondos ingresantes representaban en ese entonces, el 40 % de los ingresos totales para el hospital. También procedió al desmantelamiento de diversos servicios, sustrayéndose en diversas ocasiones las herramientas de trabajo. Existen pruebas fotográficas de estas acciones como se puede ver en el anexo del presente proyecto de resolución”, describe.
“De presentar en primera instancia a los socios un proyecto de gerenciamiento a través de Ribera Salud, empresa española, pasa a sugerir compulsivamente a los mismos, la venta de todas las propiedades, con la finalidad de saldar las deudas originadas desde la primera intervención, que alcanzan un incremento aproximado del 600 % con respecto a la deuda original. Como no se aprobaron a la fecha 6 balances, se desconoce la deuda real. A través de asambleas consideradas ilegales, por las mismas denuncias de las agrupaciones políticas del CGBA, se estuvo presionando con llamados telefónicos a los asambleístas y socios para que aprobaran la espuria venta. Es así que las agrupaciones a través de sus delegados asambleístas, aceptaron vender pero con la pretensión de imponer condiciones. La misma no deja de ser un acto ingenuo, inmoral e indecente, porque se traiciona la historia de 111 años de vida dejada por miles de aportantes a fuerza de sacrificios y privaciones, para mantener un Centro de Salud capacitado, que los contuviera en sus enfermedades. Se intenta cubrir así la incapacidad de algunos de los delegados y dirigentes votantes para discutir otras alternativas que evite la venta de nuestra querida institución”, enfatiza.
“A la fecha, la conjunción de acontecimientos como el despido de empleados en la Fundación Favaloro, que marcan el déficit financiero de la Fundación, intermediario en la negociación y los hechos políticos en España han enfriado la posibilidad de compra. Al menos no se mencionó más a las empresas involucradas. Este hecho sustentaría el llamado a elecciones para formar una Junta Directiva, Comisión de fiscalización y renovación de la mitad de los Asambleístas. Se interpreta este hecho como el inicio de acciones por parte del INAES para desprenderse del grave problema que dejará nuevamente en manos de los socios, pero con un CGBA “vaciado” y sin ingresos genuinos, con el temor nuevamente de que estas elecciones sean fraguadas como las anteriores con personas que no son socios de la entidad. Se suma a los dichos mencionados que la intervención pese a que el Juzgado Civil nº 54 ordenó reabrir y organizar las prestaciones medicas suspendidas y que actualmente el interventor nuevamente a comenzado con la suspensión de los mismas.-Asimismo ha organizado unas nuevas elecciones para el día 10-9-2018 de directivos de la institución donde viola los artículos del estatuto reformándolo de hecho sin asamblea de socios”, concluye del Corro.
J.C.
