Los legisladores porteños Claudia Neira y Juan Manuel Valdés (Unión por la Patria) presentaron un proyecto de Declaración para que el Poder Legislativo exprese su preocuación sobre el Mercado San Cristóbal.
“La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifiesta su profunda preocupación por el estado administrativo y edilicio del “Mercado San Cristóbal”, sito en Av. Entre Ríos 752, esquina Av. Independencia, e identificado catastralmente (Circunscripción 13, Sección 12, Manzana 001, Parcela 15a) y solicita la intervención del Poder Ejecutivo a los fines de promover las instancias de apoyo y fortalecimiento necesarias para garantizar adecuadas condiciones de funcionamiento y conservación del inmueble de valor patrimonial arquitectónico y urbano de la Ciudad de Buenos Aires”, expresa la Declaración.
La defensa del proyecto inicia con un breve resumen del mercado: El “Mercado San Cristóbal” es un gran mercado bajo techo que se encuentra, desde el año 1882, en el cruce de las avenidas Independencia y Entre Ríos, de la Comuna 1. Su primer edificio se inauguró en 1887, conformado con una estructura de hierro y vidrio. Décadas más tarde, en 1945, una nueva intervención, proyecto de los arquitectos Santiago Sánchez Elía, Federico Peralta Ramos y Alfredo Agostini (estudio SEPRA), hizo que se trasformase en una pieza emblemática del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la Ciudad (Catalogación singular – Protección estructural) e hito del eje turístico – comercial de la Av. Entre Ríos.
Luego, plantea el problema actual: “La condición dominial del inmueble (propiedad privada), parece haber atentado contra el adecuado cumplimiento de las condiciones de conservación y mantenimiento que requiere una pieza de valor patrimonial de estas características, a través del tiempo. ( dicotomía entre valor público y dominio) En este contexto y durante los últimos años, hemos percibido que la situación administrativa y edilicia del Mercado se ha agravado, dando lugar a diversos episodios de clausura, denuncias y conflictos (entre los locatarios y la administración); que no solo afectan el estado de conservación y mantenimiento del inmueble, sino también la actividad comercial de los trabajadores y usuarios cotidianos”.
“Al respecto, el último de los episodios, ocurrido el pasado 16 de Mayo, no solo incluyó hechos de violencia física, sino también el uso de gases tóxicos; lo que provocó la intoxicación de varias personas y la consecuente intervención del SAME”, suma el texto de UP.
“Sin dudas, hechos preocupantes que señalan la necesidad de intervención del Estado, a los efectos de garantizar los mecanismos de apoyo necesarios para garantizar las adecuadas condiciones de funcionamiento y conservación, de un inmueble representativo de la Ciudad de Buenos Aires”, concluyeron en el proyecto de Declaración.
J.C.
