Se hará este miércoles a las 15 en la Legislatura porteña.
La legisladora porteña Myriam Bregman (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) informó que mañana miércoles habrá una reunión de la Comisión de Prevención de la Violencia Institucional, que ella preside, donde se escuchará a miembros de la comunidad senegalesa que fueron reprimidos por efectivos de la Policía de la Ciudad.
El 8 de junio la Policía de la Ciudad detuvo a 21 personas tras 27 allanamientos en viviendas de vendedores senegaleses. Inspeccionaron varias viviendas de Balvanera como las de Adolfo Alsina 2672, Pueyrredón 676, Sarmiento 1750, Hipólito Yrigoyen 3635. También lo hicieron en Flores.
En todos los operativos encontraron 70.667 productos de indumentaria, pares de zapatillas, accesorios, productos electrónicos varios y relojes. Era la mercadería con la que los senegaleses subsisten.
La fiscal Celsa Ramírez, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 35 (quien ordenó el desalojo del ex Padelai y desalojó manteros en Liniers), comenzó a investigar el caso junto a la Policía de la Ciudad. El Juzgado Penal, Contravencional y Faltas N° 25, a cargo del juez Ladislao Enre, autorizó los allanamientos.
Ramírez indicó: “La cantidad de productos incautados indica la posible existencia de una organización ilegal que utiliza a algunos inmigrantes senegaleses sin recursos. Esta organización obliga a estas personas a vivir en lugares precarios, sin las mínimas condiciones de seguridad”.
Sectores sociales, políticos y gremiales dicen que hay un ensañamiento contra la comunidad senegalesa.
Omar Guaraz, secretario general del gremio Vendedores Libres (CTA), alerta: “Sigue insistiendo el jefe de Gobierno, con la impunidad que lo caracteriza en su política de exclusión, violencia y xenofobia en grado extremo”. “El propio Estado lejos de cuidarlos, los pone en extremo peligro”, añadió.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Comuna 3 y los integrantes de la Junta Comunal 3 Gabriel Zicolillo y María Suárez repudiaron la violencia. En la Legislatura porteña Leandro Santoro (Unidad Ciudadana) presentó un proyecto de declaración para repudiar los allanamientos (Expediente 1737-D-2018).
El texto hace notar que el operativo ocurrió “un día después de una movilización contra la violencia institucional” en Nazca y Avellaneda. “No sólo el accionar de la policía fue de absoluta desproporción sino que constituye un claro hecho de xenofobia y discriminación”, añadió. Esa marcha fue para condenar lo ocurrido el 5 de junio, cuando la Policía hirió de gravedad a un vendedor senegalés en el codo. Ocurrió en Emilio Lamarca y Avellaneda.
El 14 de mayo la Policía de la Ciudad desalojó el hotel ubicado en Sarmiento 3120. Allí había 65 personas entre migrantes senegaleses, haitianos y dominicanos. Fue por una supuesta violación de una clausura. Intervino el Juzgado Penal Contravencional Nro. 7 a cargo del Dr. Javier Buján y la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Nro. 20 a cargo del Dr. Juan Rosas.
El 6 de junio se suspendió el desalojo de un hotel familiar en Sarmiento 3004 donde viven 20 familias. Allí también se adujo la supuesta violación de clausura. Intervino la Defensoría Penal Contravencional y de Faltas Nº 13, a cargo de Paula Lagos y de la Dirección de Asistencia a Personas Involucradas en Procesos de Desalojos del Ministerio Público de la Defensa.
J.C.
