El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Asociación de Reporterxs Gráficos de la República Argentina (aRGra), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) pidieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “medidas de protección para cuidar a trabajadores y trabajadoras de prensa, que por las disposiciones del Gobierno, son víctimas directas de las sucesivas represiones desatadas en protestas y manifestaciones”.
“Solicitamos que se advierta al estado argentino que debe cesar en estas conductas, y abstenerse de usar gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias y proyectiles no letales como herramientas para menoscabar la libertad de prensa”, explicó el SiPreBA.
Junto a @aRGra_ y @CELS_Argentina solicitamos ante la CIDH medidas de protección para cuidar a trabajadores y trabajadoras de prensa, que por las disposiciones del Gobierno, son víctimas directas de las sucesivas represiones desatadas en protestas y manifestaciones. pic.twitter.com/sq70lS2URc
— SiPreBA – Sindicato de Prensa de Buenos Aires (@sipreba) February 3, 2024
Por su parte, el CELS destalló: “Durante la segunda jornada de sesiones extraordinarias en el Congreso, el ministerio de Seguridad de la Nación dispuso en las inmediaciones un operativo de fuerzas de seguridad violento, desproporcionado y represivo. La tarde y noche del 1 de febrero terminó con más de 100 personas heridas, algunas de gravedad, como el abogado defensor de derechos humanos Matías Aufieri que recibió un disparo de bala de goma en el ojo, y como una treintena de periodistas. En los alrededores del edificio del Congreso se utilizaron carros hidrantes, tonfas y escudos policiales para golpear a manifestantes, motos para la persecución, incluso en veredas y plazas. Se utilizaron balas de goma, muchas disparadas a la altura de la cabeza, gases lacrimógenos e irritantes, que producen quemaduras en la piel. Operativos de este tipo ya sucedieron en Chile, Perú, Colombia y la provincia de Jujuy donde la intención de disparar apuntando a la altura de los ojos tiene como único fin aumentar la capacidad de daño de un arma “menos letal”, contra las recomendaciones de uso de este tipo de armas. Es decir, el operativo estuvo dispuesto para amedrentar y disolver la protesta, no para liberar calles”.
“Desde la presentación del “Protocolo antipiquetes” por la ministra Patricia Bullrich el 14 de diciembre, el gobierno avanzó en una serie de cambios normativos, operativos policiales enormes, intimaciones económicas y amenazas públicas contra las organizaciones y las personas que se manifiestan en el espacio público. Estos operativos están en manos de fuerzas federales, pero dentro de un distrito en el que no tienen jurisdicción, como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sus propias autoridades y policía local. Es decir, están al margen de la legalidad”.
🔴Durante la sesión en el Congreso, fuerzas de seguridad reprimieron a manifestantes y a periodistas. El reportero @RodrigoabdAbd cuenta lo que le tocó vivir y las heridas que le causó el nuevo tipo de gas pimienta que están utilizando para dispersar a las personas.… pic.twitter.com/UwUkZ5o3Of
— CELS (@CELS_Argentina) February 2, 2024
“Las formas de la deliberación y la manifestación pública, la labor periodística, la restricción de la violencia estatal, son todas condiciones necesarias para una convivencia social y política democráticas. Debido a la escalada de violencia estatal a la que asistimos en estos días, presentamos junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SipreBa), Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) una denuncia ante la CIDH, que se suma a la información que ya enviamos sobre el protocolo del Ministerio de Seguridad para limitar las protestas. También solicitamos que disponga medidas cautelares, ya que el debate y la discusión alrededor de las leyes que impulsa el gobierno y las manifestaciones van a continuar. En ese contexto es urgente que se proteja tanto a quienes se manifiestan, como a los distintos actores que cumplen un rol fundamental en la ampliación y la difusión de la información, y que tienen una tipo de tutela específica en el marco del derecho internacional y de los derechos humanos”, concluyeron.
J.C.
