El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri se hizo echo de un asalto cometido en el barrio de Balvanera por tres ciudadanos extranjeros sin residencia.
Ante esta situación, pidió el restablecimiento del Decreto N° 70/2017 (modificación de la Ley N° 25.871 de Migraciones), firmado por el entonces presidente Mauricio Macri, para “expulsar a los extranjeros sin ciudadanía que delinquen”.
El mandatario porteño por medio de sus redes sociales afirmó: “Anoche ante una alerta al 911 personal de la Policía de la Ciudad detuvo a tres delincuentes que estaban robando en un local de electrodomésticos, en el barrio de Balvanera, y que intentaron darse a la fuga. Los tres son extranjeros y ninguno posee ciudadanía argentina”.
“Se debe restituir la normativa que en 2017 modificó la Ley de Migraciones para agilizar la expulsión de aquellos extranjeros, sin ciudadanía, que eligen nuestro país para delinquir y que fue derogada en 2021 por el kirchnerismo. Nuestra Ciudad no debe ser más el lugar al que se viene a cometer delitos”, agregó.
El Decreto 70-2027 plantea “la regulación inmediata de un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio”.
De todos modos, en 2021 el Ministerio de Justicia de la Nación había fundamentado su derogación: “Se vuelve a colocar a la Argentina en la senda de la inclusión y el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes, valorando su aporte a la cultura y a la identidad de nuestro país. El Decreto 70/2017, firmado por el entonces Presidente Mauricio Macri, modificaba aspectos de la Ley N° 25.871, que vulneraban el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho a la unidad familiar. Por ello, había sido fuertemente objetada por órganos internacionales y regionales de protección de derechos humanos, y por distintas organizaciones sociales. En tal sentido, desde la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría se acompañó a la Dirección Nacional de Migraciones para alcanzar esta revocación. Por otro lado, durante la vigencia de este DNU, desde la Dirección Nacional de Equidad Étnico Racial, Migrantes y Refugiados de la Secretaría de Derechos Humanos se realizó un trabajo de acompañamiento y asistencia a las familias migrantes que habían sufrido numerosos hechos de violencia institucional y múltiples vulneraciones a sus derechos, vinculadas a la regularización migratoria y al acceso a la salud. Con la vigencia plena de la ley de 2003, nuestro país cumple con sus compromisos internacionales, abandona la perspectiva criminalizadora y recupera la política migratoria que concibe el derecho a migrar como un derecho humano”.
J.C.
