En resguardo de la noche la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto de ley que le otorga al Poder Ejecutivo las facultades para avanzar con la compra de la vacuna contra el Coronavirus protegiendo jurídicamente a los laboratorios ante eventuales juicios.
Fueron 230 votos positivos, 8 negativos y 11 abstenciones.
El proyecto de ley reclamado con urgencia por el Ministerio de Salud, habilita a que los futuros contratos entre el Estado nacional y la industria farmacéutica incluyan una serie de cláusulas nuevas que los protegen en cuanto a lo que el Estado compre de vacunas e insumos médicos. Son cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero (desvían los juicios); cláusulas de indemnidad patrimonial (no se hacen cargo) y cláusulas de confidencialidad (no te dicen qué te meten).
La prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero es una de las principales exigencias de los laboratorios en los contratos que se suscriban. Esta cláusula permitiría que los juicios que pudiesen entablarse por cualquier inconveniente no se realicen en la Argentina sino en el país donde está radicado el laboratorio con el que se celebró el contrato.
La cláusula no regirá para “terceros residentes” en el país, sean “personas humanas o jurídicas”, quienes conservarán su derecho de acudir a los tribunales locales o federales del país por sus contratos.
Por otra parte, el proyecto faculta a que los contratos a celebrarse incluyan cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias hacia quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas. “Las indemnizaciones van a tener que ser asumidas por la industria y por nosotros como compradores”, reconoció el presidente de la Comisión de Salud, el diputado oficialista Pablo Yedlin.
Además, y también a pedido de los laboratorios, los contratos incorporarían cláusulas de confidencialidad para que no se develen los datos técnicos de la vacuna.
Yedlin, sostuvo que “Esta no es una ley más, estamos aquí con una enorme responsabilidad. Sabemos que esto no es lo óptimo, pero son los requisitos que la industria farmacéutica impone. Y la responsabilidad del Ministerio de Salud es llevar adelante estas contrataciones para comprar vacunas en un mercado escaso. Pero, más allá de la emergencia, que quede claro que la Argentina sólo va a aplicar las vacunas que estén autorizadas por el Ministerio de Salud y evaluadas y registradas por el Anmat”. Sabemos que lo que diga la OMS -cuyos mayores aportantes son los laboratorios- es lo que repite la Anmat.
La iniciativa contó con el apoyo de los bloques opositores, salvo los de izquierda. “Estamos de acuerdo en actuar con celeridad para realizar las reservas de vacunas contra el coronavirus para que no nos pase como lo que nos pasó con los tests de diagnóstico y los respiradores”, sostuvo la diputada Carmen Polledo, de Juntos por el Cambio, vicepresidenta de la Comisión de Salud. Recordemos que los respiradores, si viene al caso, perjudicaron más que lo que beneficiaron… Hay veces que ir más despacio es ir más rápido.
Por suerte, entre los diputados se colaron voces sensatas como la de Mónica Frade (Coalición Cívica): “Creo que deberíamos mirar otros ejemplos de países latinoamericanos que tienen autorizado, por ejemplo, el uso de dióxido de cloro o provincias Argentinas que tienen aprobado el uso del ibuprofeno inhalable y que con eso minimizan los efectos del virus”, quien luego preguntó por qué el gobierno no permite que se utilicen esas sustancias. Y nadie contesta por qué se prohíben las alternativas. ¿Habrá un convenio realizado ya sin que la ciudadanía lo sepa?
Además, Frade, apuntó contra las vacunas al decir que no deben ser permitidas en caso de que no se conozcan sus componentes exactos: “Sabemos que produce el coronavirus, pero no sabemos qué produce la vacuna”.
El repudio ante los dichos de la diputada no tardará en llegar, sabemos que el discurso hegemónico es muy fuerte, dado que no solamente une al bloque dominante sino a casi toda la casta política. Pero seamos conscientes que, como ya nos explicó Antonio Gramsci, siempre habrá un discurso que irrumpirá, que cuestionará, pese a que el poder no lo quiera.
Y en consecuencia podemos mencionar las palabras del diputado de izquierda, Nicolás del Caño: “Esta es una ley que parece escrita para beneficio de los grandes laboratorios”. Pensar que nos hizo reír cuando decía que eran lo mismo los macristas y los kirchneristas, hoy -con todo lo que viene sucediendo, deberíamos, tal vez, ir dándole la razón.
U.K.
